Ley de Envases: en qué consiste la tasa ambiental

El proyecto del oficialismo para promover la gestión ecológica de los envases en todo el país contempla, en uno de sus puntos principales, una tasa ambiental que fue resistida resistida por la oposición durante el tratamiento que el proyecto tuvo en las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.
El proyecto busca reducir su impacto sobre el medio ambiente y también sobre la población que se dedica al reciclado de envases. En este sentido, plantea la creación de una tasa ambiental que será abonada por los productores responsables de los envases puestos en el mercado y la generación de un sistema propio de recolección y reutilización.

 Según el texto, el valor de la Tasa Ambiental de Responsabilidad Extendida del Productor (TAREP) deberá ser expresado en pesos argentinos por kilogramos de materiales en los envases y no podrá ser superior al 3% del precio mayorista de venta del producto envasado.

El proyecto también indica que quedarán exentos del pago de la tasa ambiental los productores que implementen un sistema de depósito, devolución, retorno y reutilización debidamente aprobado por la Autoridad de Aplicación. La misma podrá efectuar deducciones o exenciones al valor de la tasa, en función de los principios de gradualidad y proximidad, de conformidad con lo que determine la reglamentación. Se establecerá a la AFIP como el órgano recaudador.

Con lo recaudado por el pago de esa tasa se creará un fideicomiso, administrado por la banca pública que servirá para fortalecer los sistemas públicos de gestión de envases, promover la inclusión de las y los recicladores, impulsar la valorización de los envases y fomentar el desarrollo del ecodiseño, entre otros objetivos.

El Fondo Nacional para la Gestión de Envases y Reciclado Inclusivo (FONAGER) recibirá el 85% de lo recaudado. En tanto, el 10% irá al Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) y el 5% al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), exclusivamente para brindar servicios de capacitación, asistencia técnica y actividades de transferencia acerca de tecnologías de reciclaje, valorización y desarrollo de nuevos materiales para envases.

Al defender el proyecto, el diputado oficialista Itai Hagman afirmó que "esta ley es una manera de completar las políticas ambientales para buscar eliminar los basurales a cielo abierto", destacó y explicó que "la tasa ambiental que puede ser cero o puede llegar hasta un 3 por ciento con un criterio de variabilidad".

El legislador oficialista resaltó que este proyecto busca "desincentivar el uso de envases mas contaminantes y la promoción de puestos de trabajo vinculados al reciclado o formalizar trabajos y potenciando".

Sin embargo, desde la oposición se mostraron muy críticos en este punto. El legislador del Juntos por el Cambio, Luciano Laspina, señaló que "es un un mal proyecto" con un "impuestazo porque no es una tasa ya que no se contempla una contraprestación, con lo cual es un impuesto de asignación especifica". 

El diputado planteó que según lo que consta en el proyecto "dos productos con igual envase pagarán distinto según el valor de su contenido y no por su envase". Además, se quejó de que la ley "estatiza el reciclado" y que "apenas 4 países del mundo cobran una 'tasa': Hungría, Ecuador, Sudáfrica y Rusia".

 
En tanto, la radical Brenda Austin anticipó que acompañarán un dictamen de minoría redactado por su par de bloque Gustavo Menna y cuestionó la creación de la tasa incluida en el texto, al entender que "hay sectores que prefieren pagar este nuevo impuesto que promueve la creación de este dictamen antes que realmente entablar un compromiso con una responsabilidad de gestión integral que implique el cumplimiento de esta jerarquía de opciones".