Marcelo Sain fue destituido de su cargo

Además, se le prohíbe ingresar al ámbito del MPA a partir del momento en que fuera aprobado el dictamen. Asimismo Sain fue inhabilitado para acceder al MPA por un plazo de 10 años tal como lo establece la Ley 13.013.
El primero en tomar la palabra fue Lisandro Enrico, el senador radical que llevó adelante la acusación en el proceso disciplinario. Enrico hizo un repaso de las normas que violó Sain, aunque dijo que lo más grave era el Artículo 89 de la Constitución que establece que los miembros del poder judicial no pueden actuar de manera alguna en política.

"Sabíamos que Sain no dejó su actividad política cuando regresó al OI. Eso es incompatible y lo hizo de forma sucesiva", se quejó Enrico que aseguró que Sain se comportaba en su vida pública "como un militante político sin ningún tipo de vergüenza".

"Era un hombre haciendo política dentro del Poder Judicial. Lo que aporté como prueba es una recopilación de tuits, que es la red social que más utiliza", señaló y también lo criticó en su paso como ministro de Seguridad donde dijo que "lo único que hizo fue perseguir chicos de 15 años que hacían fiestas clandestinas. Después no agarró a nadie".

Los argumentos más sólidos del PJ para defender a Sain llegaron de boca de la diputada Matilde Bruera, quien aseguró que su compromiso con esa causa se las debía al resto de los legisladores "que llevaron adelante este proceso arbitrario de persecución" política. "No admitimos la violación del Estado de derecho", fustigó.

"El acusador no puede votar. Esto es grave y está resuelto por la Corte", dijo y agregó: "También se violó el principio de congruencia que garantiza el derecho de defensa. Todo este procedimiento es nulo".

Por otra parte, se refirió a "la gran crisis institucional que hay en la provincia" y dijo que eso se debe a que no hay garantías. "Desde la Legislatura se sometió al MPA", afirmó en referencia a las leyes que le dieron potestad a los legisladores para juzgar a los fiscales y miembros del MPA.

Por su parte, Rubén Giustiniani aportó sus argumentos al voto negativo. "Lamentamos este paso que da la Legislatura porque es negativo en dos aspectos: en el debate casi no se habló de la libertad de expresión; lo otro, es que es una desproporción absoluta la acusación que se realiza con la decisión que se toma".

Asimismo, el diputado de Igualdad y Participación aclaró que este será "un capítulo más, no el último, de una disputa de poder que no tiene que ver con cómo se resuelve el tema de la seguridad".

Finalmente señaló su preocupación por el antecedente que se está generando con esta votación. "Esto está abriendo una discrecionalidad futura donde puede haber otras mayorías parlamentarias", afirmó.

Leandro Busatto, que votó en contra de la destitución, pidió a sus pares "ir al fondo de la cuestión, más allá de Sain" y aseguró que "el problema institucional de la provincia de Santa Fe viene desde hace tiempo y todos los actores somos parte".

"Nosotros votamos en contra por cuestiones políticos institucionales, no políticos personales", señaló y advirtió que si el problema con Sain es su posición política sus subalternos también tienen su pasado de militancia y que algunos, como Victor Moloeznik –el vicedirector del Organismo de Investigaciones– fue parte del Ministerio de Justicia durante el gobierno del Frente Progresista. Mientras que otros funcionarios judiciales fueron candidatos en las elecciones de 2019.