¿Humedales protegidos o destruidos? La contradicción del “Proyecto pospandemia”

Mañana jueves 28 de octubre comienza Expo Escobar, actividad promocionada por el intendente del partido homónimo, Ariel Sujarchuk y por la provincia de Buenos Aires. El evento es abierto a todo público, «tanto al ámbito educativo, como empresas y público en general» que quieran conocer sobre desarrollo inmobiliario, industria del conocimiento, innovación sostenible, sector productivo, industrial y comercial”. Tendrá lugar en la localidad de Escobar hasta el sábado 30. La actividad convocará a importantes sectores del gobierno, inclusive al presidente Alberto Fernández, a grandes empresas inmobiliarias que tendrán un rol protagónico en un espacio pensado para analizar el futuro después del coronavirus. Sin embargo, los problemas socioambientales que genera la proliferación de los barrios náuticos en la zona no forman parte de la agenda.

Será un espacio con 60 coloquios y más de 200 disertantes «para debatir sobre finanzas personales, criptomonedas, las perspectivas futuras del desarrollo económico nacional, la planificación estratégica de los emprendimientos urbanos, el impacto de la virtualidad en el mundo laboral y educativo, las nuevas industrias de la cultura y el entretenimiento, el desarrollo de la industria del conocimiento, las energías limpias y el lugar de la Argentina en el mundo pospandemia», puede leerse en la web del evento. Sujarchuk lo calificó como ”el evento de negocios más grande de la Argentina”. 

Una feria de empresas y gobiernos
En un mensaje inequívoco sobre los objetivos de la Feria, Sujarchuk explicó: “En Expo Escobar vamos a dialogar para dejar en claro qué modelo de país vamos a construir después de la pandemia”. Para despejar toda duda acerca de quiénes serían (y quiénes no) los encargados de “dejar en claro” la cuestión, expresó que “nos proponemos garantizar un ámbito de encuentro donde Gobierno y oposición, empresas y sindicatos, establezcan los consensos sobre el modelo de producción nacional”. 

El evento convocará a la plana mayor del Gobierno: inaugurará el presidente Alberto Fernández y estarán presentes el gobernador de Buenos Aires Axel Kiciloff, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Juan Cabandié, y un numeroso contingente de destacados funcionarios nacionales y provinciales.

Del examen del programa surgen algunas claves de lectura significativa para ayudar a interpretar cuál es ese modelo pospandemia que se propone, traducido a la realidad local. De las 25 mesas temáticas anunciadas, once están dedicadas al “desarrollo inmobiliario”. En contraste, solo una mesa aborda el tema educación y otra el tema infraestructura. El bloque dedicado al “desarrollo sostenible”, por su parte, se sostiene en exposiciones de representantes de “empresas triple impacto“ y “Sistema B”. No parece haber en cambio, un bloque destinado a las estrategias de políticas públicas que son absolutamente necesarias para alinear el “triple impacto”, por ejemplo la incorporación de contabilidad ambiental, la internalización de costos ambientales y el fortalecimiento de los mecanismos de control por parte de la sociedad. Ante la crisis sistémica ambiental y social generada por la acción del capital, la salida es nuevamente confiada al capital.

Haciendo un análisis más detallado, de las once mesas dedicadas al tema inmobiliario, solo una aborda el problema del acceso a la vivienda, un grave déficit del distrito, mientras que las restantes están dominadas por las grandes corporaciones inmobiliarias y los bancos que financian su expansión. El propio intendente Sujarchuk abrirá el Panel Inmobiliario, que cuenta con dos mesas con representantes de las grandes “Desarrolladoras” de barrios náuticos, EIDICO Y Consultatio (Puertos).

Particularmente llamativa resulta la mesa denominada: “Panel Sustentabilidad: el triple impacto positivo en los desarrollos urbanos”, que la mediática Josefina Pouso, coordinadora del programa municipal de voluntariado “Protectores Ambientales”, compartirá con Diego Lanusse (EIDICO) y Nicolás Warren (Puertos). Resulta difícil imaginar cuál podría ser el diálogo posible entre la protectora ambiental y los representantes de dos de las principales empresas arrasadoras seriales de ecosistemas de humedales en el partido de Escobar, Tigre y Pilar, entre otros. 

Resulta igualmente arduo identificar, cuál sería el “triple impacto positivo” de su accionar depredatorio y apropiador de los bienes comunes. Más fácil, en cambio, es imaginar el desconcierto de los voluntarios y las voluntarias que de buena fe se incorporaron al programa municipal con el objeto de colaborar con la protección del ambiente.

Ecosistemas en peligro
Si hay un “triple impacto” que estos emprendimientos producen y que puede señalarse inequívocamente, es sobre los servicios ecosistémicos, sobre el agua subterránea y sobre el acceso a la vivienda para los sectores populares.

En el primer caso, nos referimos a los servicios que los ecosistemas -en este caso, los humedales del partido de Escobar- brindan a la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, la depuración del agua, la captura de carbono, la regulación del clima e inundaciones, además de valores recreativos, culturales y usos económicos sostenibles, entre muchos otros. Según las estimaciones del economista norteamericano Robert Costanza, la pérdida de los servicios ecosistémicos brindados por las 3000 hectáreas de humedales ya destruidas – o en proceso de serlo- en Escobar por parte de estos “emprendedores” representan una pérdida económica para la sociedad en su conjunto de 60 millones de dólares anuales, equivalente a dos terceras partes del presupuesto público del Municipio. Algunas cuentas sólo cierran cuando no se hacen completas.

Lagunas artificiales y barrios sin agua
El segundo impacto es sobre el elemento más preciado para la vida: el agua. De acuerdo a cálculos realizados por la Organización de Ambientalistas Autoconvocados (OAA) y S.O.S Humedales, basados en observaciones y mediciones en el terreno, para excavar las 300 hectáreas de lagunas artificiales que hoy perforan por doquier el territorio antes ocupado por humedales, se han extraído unos 180 mil millones de litros de aguas subterráneas. Es un volumen suficiente para abastecer el consumo domiciliario total de dos millones y medio de personas durante un año.

La falta de evaluaciones y controles por parte de los organismos estatales impide conocer el real alcance e impacto de este derroche de agua escandaloso y banal, que se sigue produciendo en la medida en que estas lagunas siguen conectadas a los acuíferos. Sin embargo, los estudios hidrogeológicos destacan que en la zona de los bajíos ribereños de Escobar, donde se asientan estos emprendimientos, el techo del acuífero Puelches puede encontrarse desde una profundidad de 15 metros. Numerosas fotografías tomadas durante las excavaciones demuestran que las lagunas artificiales alcanzan profundidades de hasta 20 o 25 metros, alertando sobre la posibilidad de alumbramiento del acuífero -es decir, de que quede expuesto al aire libre. De tal modo, las obras en esos desarrollos inmobiliarios generan un riesgo de depresión de nivel y de contaminación del acuífero Puelches, un verdadero santuario hidrogeológico del cual se abastece toda la población del partido y de gran parte del área metropolitana de Buenos Aires

Es difícil determinar -y los organismos de control no lo han hecho- el impacto de esta descomunal extracción en las zonas bajas de descarga, sobre la disponibilidad y calidad de las aguas en las áreas vecinas. Significativamente, en el Cazador, barrio ubicado sobre las barrancas linderas a la zona devastada por estas empresas, un estudio sobre un centenar de perforaciones arrojó preocupantes niveles de contaminantes típicamente provenientes de niveles superiores, en especial nitratos, nitritos y arsénico. El déficit en la calidad de agua está difundido en casi todo Escobar, distrito que además posee bajísimos índices de cobertura de agua potable y cloacas. Este problema se agrava en las familias que habitan barrios carenciados, frecuentemente asentados cerca de basurales y otras fuentes de contaminación, que no disponen de recursos para comprar agua embotellada y quedan expuestas a graves problemas de salud asociados al agua, aun ante el mero contacto con la piel. Así lo vienen denunciando los propios pobladores de esa zona. El derroche de agua en las lagunas recreativas de los barrios náuticos cobra así obscenas dimensiones de inmoralidad.

Casas para ricos
El relato construido por la coalición urbana conformada por gobiernos y especuladores del suelo, frecuentemente ha reivindicado esta forma de urbanismo neoliberal, como proveedora de “fuentes de trabajo” y de “soluciones habitacionales” para el distrito. La primera falacia resulta evidente, ya que la creación de empleos temporales principalmente está asociada a la construcción de viviendas particulares y no a la fase de la infraestructura de los emprendimientos en sí, por lo que la creación de empleo en la construcción podría ser igualmente motorizada promoviendo la densificación urbana o en planes de vivienda social.

Lo cierto es que a más de diez años del desembarco masivo de estos mercaderes de suelos en Escobar, la posibilidad de acceso a la vivienda para los sectores populares es cada vez más lejana, ante un creciente proceso de gentrificación que dispara los precios de la tierra. La gentrificación es una dinámica por la cual la expansión urbana se centra en los sectores medio y altos de la población. Esto produce un aumento del precio de la tierra y pautas de cambios en las prácticas urbanas, que si bien no necesariamente expulsan a los sectores populares (porque están insertos en la economía local, aunque sea informal) sí produce grados crecientes de segregación y marginalización.

Ello se conjuga con la falta de voluntad o capacidad planificadora del territorio por parte del Estado, rol que más allá de los discursos y del trabajo serio y comprometido de algunos equipos técnicos municipales, a la hora de la decisión política, sigue siendo cedido sin disputa a las empresas inmobiliarias.

Después de la pandemia, ¿qué?
Ya muy temprano en los primeros meses de la pandemia, el Panel Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES) había advertido que la degradación y destrucción de los ecosistemas naturales se encuentra en la raíz de la aparición y expansión de la actual pandemia y, con alta probabilidad, de las futuras. Ya sabemos además, que esa destrucción y degradación es la causa de gran parte de los gravísimos problemas ambientales que hoy ponen a la humanidad al borde del colapso civilizatorio, incluyendo el cambio climático.

Si la ley Yolanda -cuyo objeto es la capacitación en perspectiva ambiental para quienes desempeñan funciones en el Estado- está tardando demasiado en llegar a sus destinatarios, o si se trata de una dificultad objetiva para imponer políticamente otras pautas de desarrollo, es algo que se podrá evaluar con el tiempo. Pero hay algo seguro: si este es el mundo pospandemia que proyecta la dirigencia política y empresarial, hay razones de sobra para preocuparse.

*Pablo Varela es biólogo, miembro de ASAUEE (Asociación Argentino-Uruguaya de Economía Ecológica) y de la Organización de Ambientalistas Autoconvocados.