La iniciativa lleva la firma del peronista chubutense Alfredo Luenzo y fue girada a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado que encabeza el oficialista neuquino Oscar Parrilli.
El proyecto de ley de "Sanción Penal a Conductas Negacionistas y/o apologistas de genocidio y crímenes de lesa humanidad" modifica el artículo 213 del Código Penal para reprimir "con prisión de un mes a un año, el que hiciere públicamente y por cualquier medio la apología de un delito o de un condenado por delito".
La iniciativa, además, reprime con "prisión de tres meses a dos años o multa equivalente a uno y hasta cien salarios mínimos, vital y móvil" al que públicamente "negara, minimizara, justificara o reivindicara la comisión de los delitos de genocidio, de lesa humanidad o crímenes de guerra contemplados en los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional".
Además, el "carácter de funcionario público será considerado como agravante del delito", al considerar su "destitución definitiva e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el doble de tiempo de la condena".
En sus fundamentos, la iniciativa tiene por objeto castigar a quienes nieguen genocidios o crímenes de lesa humanidad incluyendo, obviamente, los cometidos durante la última dictadura cívico militar.
"Son comportamientos y discursos que niegan determinadas realidades y hechos históricos relevantes, percibidos por la mayor parte de la sociedad como hechos de máxima injusticia", menciona la iniciativa.
