La Mecha EncendidaUn alarmante informe revela que los fallecimientos en siniestros viales vinculados al deterioro de las calzadas aumentaron de forma drástica en el último año, una realidad que coincide con la reciente confesión de Vialidad Nacional sobre la parálisis presupuestaria para reparar los caminos.
El deterioro de la red vial en el territorio argentino ha dejado de ser un simple problema de infraestructura para transformarse en una auténtica emergencia de salud pública.
Un reciente y dramático informe sectorial reveló que las muertes en siniestros viales provocadas de manera directa por las deficientes condiciones de las calzadas se triplicaron durante el último año.
El bacheo inexistente, la falta de señalización, el desgaste extremo del asfalto y las banquinas descalzadas pasaron de ser deficiencias crónicas a convertirse en trampas mortales cotidianas para miles de automovilistas y transportistas que se ven obligados a transitar por rutas nacionales y provinciales completamente abandonadas a su suerte.
Esta preocupante estadística no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de una política de desfinanciamiento que ya empieza a ser admitida por los propios organismos técnicos del Estado.
Apenas unos días antes de conocerse estas cifras, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) reconoció formalmente ante la Justicia Federal la imposibilidad de dar cumplimiento a las tareas básicas de mantenimiento debido a severas restricciones presupuestarias y logísticas impuestas desde los niveles centrales de la administración.
La alarmante coincidencia entre la parálisis de las obras de infraestructura y el incremento exponencial de la tasa de mortalidad vial expone la gravedad de un escenario donde las decisiones macroeconómicas de ajuste fiscal impactan de lleno en el valor de la vida humana.
Organizaciones de familiares de víctimas de tránsito y agrupaciones civiles venían advirtiendo desde hace meses sobre el crecimiento de la siniestralidad en puntos críticos del país. Los peritajes accidentológicos reflejan que un porcentaje abrumador de los despistes, choques frontales y vuelcos registrados recientemente ya no obedecen a fallas humanas o mecánicas tradicionales, sino a las maniobras de emergencia que los conductores deben realizar para esquivar pozos profundos o para intentar estabilizar los vehículos tras caer en banquinas destruidas.
La falta de pintura reflectiva y la nula iluminación en cruces neurálgicos completan un panorama que los especialistas no dudan en calificar como una desidia estatal de consecuencias criminales.
Mientras el mapa vial del país se llena de estrellas amarillas, la polémica política y judicial escala con rapidez. Distintos defensores del pueblo y organizaciones vecinales denuncian que los fondos específicos recaudados mediante impuestos a los combustibles líquidos —originalmente destinados por ley a la conservación de las rutas— están siendo desviados por el Poder Ejecutivo nacional hacia la compra de instrumentos financieros y el sostenimiento del superávit fiscal.
Con las rutas nacionales transformadas en escenarios de tragedias evitables y con expedientes que ya avanzan en los tribunales federales, el reclamo social exige una urgente readecuación de partidas financieras antes de que la falta de asfalto y de inversión pública siga cobrándose vidas en las rutas argentinas.
