Trabajadores del Hospital Garrahan convocan a cacerolazo y piden juicio político al presidente Javier Milei

El personal médico y técnico del Hospital Garrahan, agrupados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), ha lanzado un fuerte reclamo contra el presidente Javier Milei tras la decisión oficial de no aplicar la Ley de Emergencia Pediátrica, aprobada por el Congreso y destinada a reasignar fondos para el hospital pediátrico. 

El hospital convocó a un paro de 24 horas y, para esta noche a las 20:30 hs, una protesta sonora (“cacerolazo”) en la entrada de la institución, ubicada en Combate de los Pozos 1881, barrio Parque Patricios. 

En un comunicado, la APyT calificó la medida presidencial de “atropello autoritario” y advirtió que “decide de forma autocrática, como si se tratara de una monarquía, no aplicar las leyes del Congreso”. 

Además de la protesta, los trabajadores anunciaron que presentarán denuncias penales contra los integrantes del Poder Ejecutivo y exigirán que el Congreso de la Nación Argentina active un pedido de juicio político contra Milei, así como contra el ministro de Salud Mario Lugones, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de gabinete Guillermo Francos.

El conflicto tiene su origen en que el Gobierno nacional promulgó la ley, pero mediante decreto suspendió su ejecución hasta tanto el Congreso determine las fuentes de financiamiento. Desde el hospital sostienen que la ley ya había sido ratificada por ambas cámaras legislativas. 

La decisión del Ejecutivo generó un fuerte malestar en el ámbito de la salud pública: el Garrahan es el principal hospital pediátrico del país y su personal denunció precariedad, recortes presupuestarios y falta de recursos para dar continuidad a tratamientos de alta complejidad.

La convocatoria al cacerolazo y al paro se da en un contexto de creciente tensión con el Gobierno por recortes en salud y educación, y aparece como un nuevo episodio de enfrentamiento institucional entre Ejecutivo, Congreso y sectores gremiales.

Queda en agenda la reacción del Gobierno ante el reclamo, la posible intervención del Congreso en el pedido de juicio político, y el impacto que esta movilización pueda tener en otros sectores de la salud y la educación.