En Tucumán, la policía del gobernador Jaldo atacó a manifestantes de ATE que pedían ropa de trabajo y elementos de seguridad, en medio de una crisis que golpea a los trabajadores en todo el país
Sindicales y Trabajadorxs11/08/2025 Redacción LMEEl 11 de agosto de 2025, en el municipio de Yerba Buena, Tucumán, la policía provincial reprimió con violencia una protesta de trabajadores municipales afiliados a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Tres personas fueron detenidas de manera ilegal mientras reclamaban la entrega de indumentaria y elementos de seguridad para realizar sus tareas en condiciones dignas. El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, denunció el hecho en redes sociales, exigiendo la inmediata liberación de los detenidos y calificando la acción como un acto de persecución política que viola el derecho a huelga protegido por la Constitución Nacional.
Imágenes difundidas muestran a agentes policiales con equipo antimotines forzando a los manifestantes al suelo, golpeándolos y arrastrándolos en plena calle. Una voz en el video grita: “Miren cómo lo violentan al compañero”, destacando la brutalidad contra los trabajadores, incluidos golpes a mujeres. La protesta, organizada por la seccional local de ATE, surgió por el incumplimiento de acuerdos laborales básicos, como la provisión de ropa adecuada para recolectores de basura, un sector expuesto a riesgos diarios sin protección adecuada.
El gobernador Osvaldo Jaldo, alineado con las políticas económicas del presidente Javier Milei, enfrenta críticas por replicar prácticas represivas similares a las impulsadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Aguiar señaló que este episodio retrotrae al país a épocas oscuras y no puede tolerarse en democracia. La ATE provincial, a través de su secretaria adjunta Mariela Acevedo, explicó que los trabajadores llevan meses esperando respuestas del municipio, y que la represión incluyó golpes incluso a mujeres, dejando heridos y un clima de temor entre los empleados.
Este incidente se enmarca en un contexto nacional de creciente malestar social por las medidas de ajuste implementadas por el Gobierno de Milei. Desde fines de 2023, la recesión económica ha provocado el cierre de miles de pymes, con 13.000 empresas afectadas según datos recientes, y un aumento del desempleo al 7,9%. En provincias como Tucumán, los trabajadores estatales y municipales enfrentan salarios que no alcanzan para cubrir necesidades básicas, mientras la inflación, aunque reducida al 2,4% mensual, erosiona el poder adquisitivo. Protestas similares, como la Marcha de San Cayetano en Santa Fe o reclamos por cobertura de salud en obras sociales, reflejan la lucha por derechos laborales en un panorama de precariedad.
Organizaciones sindicales y sociales han repudiado la represión, exigiendo no solo la liberación de los detenidos sino también el fin de la criminalización de la protesta. En Yerba Buena, cerca de 2.000 trabajadores municipales dependen de condiciones dignas para realizar sus labores, y este episodio pone en evidencia cómo las demandas legítimas son respondidas con violencia en lugar de diálogo. La situación en Tucumán se suma a otros casos de represión contra estatales, como los ocurridos en febrero de 2025, donde fuerzas de seguridad hirieron a manifestantes en reclamos salariales.
Los trabajadores detenidos representan a miles que, en todo el país, resisten políticas que priorizan el ajuste fiscal sobre el bienestar humano. La demanda por indumentaria y seguridad no es un capricho, sino una necesidad para evitar accidentes y preservar la salud en empleos esenciales como la recolección de residuos. Mientras el Gobierno provincial respalda las reformas nacionales, los sindicatos llaman a la unidad para defender derechos que garantizan la dignidad laboral.
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