La reciente escalada de Donald Trump contra Venezuela, que incluye un bloqueo naval y la exigencia de "devolver" derechos petroleros históricos, marca la consolidación de una doctrina que considera a la inversión privada estadounidense como una extensión de la propiedad estatal de EE. UU., poniendo en jaque la autonomía de toda la región frente a sus recursos estratégicos.
Internacionales18/12/2025
La Mecha EncendidaLa política exterior de los Estados Unidos ha dado un giro trascendental este diciembre de 2025, instalando un precedente que amenaza con reconfigurar el derecho internacional y la autonomía de las naciones latinoamericanas. Bajo el argumento de que la nacionalización de la industria petrolera venezolana constituyó el "mayor robo de riqueza estadounidense en la historia", el presidente Donald Trump ha ordenado un bloqueo naval y ha exigido la restitución de lo que denomina "nuestros derechos energéticos". Lo alarmante de este enfoque no es solo la agresividad militar, sino la lógica jurídica y política subyacente: el gobierno norteamericano ha comenzado a tratar los activos y concesiones de sus empresas privadas en el extranjero no como contratos comerciales sujetos a leyes locales, sino como propiedad soberana de la Casa Blanca. Al afirmar que "ellos se llevaron nuestro petróleo y lo queremos de vuelta", Trump rompe la distinción entre el capital privado y el interés estatal, asumiendo que donde una empresa de EE. UU. extrae un recurso, el Estado norteamericano adquiere un derecho perpetuo sobre el mismo.
Este criterio, formalizado en la Estrategia de Seguridad Nacional 2025 como el "Corolario Trump" a la Doctrina Monroe, establece que cualquier intento de un país de la región por nacionalizar recursos, modificar concesiones o incluso priorizar alianzas con potencias extrarregionales como China o Rusia será interpretado como una agresión directa contra los Estados Unidos. La gravedad de este principio radica en su capacidad de expansión sobre todo el subcontinente. Si hoy el objetivo es el crudo venezolano, mañana la misma lógica de "protección de la propiedad robada" podría aplicarse a los yacimientos de litio en el norte de Argentina o Chile, a las reservas de gas en Bolivia, o a los proyectos de minería en Perú y Colombia. Bajo esta doctrina, cualquier regulación soberana que afecte la rentabilidad de una corporación estadounidense podría ser catalogada como "expropiación ilícita", justificando bloqueos económicos o intervenciones "en defensa de la prosperidad americana".
La región se enfrenta así a una nueva era de imperialismo transaccional donde la soberanía hídrica, energética y mineral de las naciones del sur queda supeditada a un sistema de "eje y radio" controlado desde Washington. En este esquema, los países latinoamericanos dejan de ser socios comerciales para convertirse en custodios temporales de recursos que EE. UU. reclama como propios por el simple hecho de haber aportado la tecnología o el capital inicial para su explotación. Esta postura pulveriza décadas de jurisprudencia internacional sobre la soberanía permanente sobre los recursos naturales y coloca a los gobiernos de Brasil, Argentina y el resto de la región en una posición de vulnerabilidad extrema: la mera firma de un convenio con una empresa minera o petrolera norteamericana podría convertirse, en el futuro, en el título de propiedad que Washington utilice para justificar una sanción o un bloqueo si los intereses nacionales entran en conflicto con la agenda de la Casa Blanca.
Miles de ciudadanos desbordaron las calles de las principales ciudades brasileñas para expresar su rechazo al proyecto de ley que busca beneficiar a los responsables del intento de golpe de Estado de 2023, en una jornada que unió el reclamo político con la presencia de figuras icónicas de la cultura nacional.
El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, se impuso en la segunda vuelta presidencial con una contundente victoria sobre la oficialista Jeannette Jara, obteniendo la mayor votación en la historia de Chile y marcando un fuerte giro conservador en el país.
La líder opositora venezolana generó un fuerte impacto tras su intervención en el foro internacional, donde solicitó acciones externas más contundentes y denunció la presencia de células de Hezbollah y Hamás en territorio nacional, desatando críticas por su alineación con los intereses de Washington y el uso de narrativas de seguridad global.
La orden directa del presidente Donald Trump para incautar un "superpetrolero" venezolano frente a sus costas dispara la confrontación bilateral. La acción se enmarca en una ofensiva militar regional que, según reportes, ha dejado un trágico saldo de más de ochenta víctimas mortales en el Mar Caribe, generando un sorprendente silencio diplomático.
La exministra de Gobierno, María Nela Prada, confirmó la aprehensión del exmandatario boliviano, Luis Arce, en La Paz. La detención se produce pocas semanas después de concluir su mandato y en medio de una ola de investigaciones anunciadas por el nuevo gobierno contra la gestión del Movimiento Al Socialismo (MAS).
El excanciller brasileño alertó que un ataque estadounidense a Caracas podría despertar el sentimiento antiimperialista en la región.
La Presidencia de la República anunció un pacto tripartita con el sector empresarial y el movimiento obrero para elevar el salario mínimo a partir de 2026 y ejecutar la primera reducción de la jornada laboral en más de un siglo, con una implementación paulatina que culminará en 2030.
El Gobierno chileno reforzó su vigilancia sanitaria en las fronteras debido al aumento de casos de sarampión en Argentina, un brote que el Ministerio de Salud nacional atribuye a la histórica caída de las coberturas de vacunación, llamando a la población a completar esquemas y a combatir la desinformación.
Gisela Scaglia, segunda autoridad provincial, se alineó con la celebración del oficialismo nacional por el triunfo ultraconservador de José Antonio Kast en Chile, una postura que le valió durísimas críticas de la oposición santafesina, que cuestionó su apoyo a una figura de la extrema derecha.
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Los mandatarios provinciales se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones para unificar reclamos por deudas de coparticipación, parálisis de la obra pública y el desvío de fondos previsionales, advirtiendo que el modelo económico nacional pone en riesgo la viabilidad de los territorios.
El oficialismo, con el respaldo clave del PRO y sectores de la UCR, avanzó en la Cámara de Diputados con un proyecto de ley que elimina las garantías de financiamiento para la educación superior y el sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad, generando una fuerte reacción de los sectores afectados.
A través de un extenso análisis en sus redes sociales, la expresidenta cuestionó el desfile de políticas cambiarias contradictorias del oficialismo, advirtió sobre la caída del consumo y denunció que, por primera vez en dos décadas, la inversión extranjera directa arroja saldos negativos mientras las multinacionales abandonan el país.