El "Corolario Trump" y el fin de la soberanía: Los recursos naturales en la mira de Washington

La política exterior de los Estados Unidos ha dado un giro trascendental este diciembre de 2025, instalando un precedente que amenaza con reconfigurar el derecho internacional y la autonomía de las naciones latinoamericanas. Bajo el argumento de que la nacionalización de la industria petrolera venezolana constituyó el "mayor robo de riqueza estadounidense en la historia", el presidente Donald Trump ha ordenado un bloqueo naval y ha exigido la restitución de lo que denomina "nuestros derechos energéticos". Lo alarmante de este enfoque no es solo la agresividad militar, sino la lógica jurídica y política subyacente: el gobierno norteamericano ha comenzado a tratar los activos y concesiones de sus empresas privadas en el extranjero no como contratos comerciales sujetos a leyes locales, sino como propiedad soberana de la Casa Blanca. Al afirmar que "ellos se llevaron nuestro petróleo y lo queremos de vuelta", Trump rompe la distinción entre el capital privado y el interés estatal, asumiendo que donde una empresa de EE. UU. extrae un recurso, el Estado norteamericano adquiere un derecho perpetuo sobre el mismo.

Este criterio, formalizado en la Estrategia de Seguridad Nacional 2025 como el "Corolario Trump" a la Doctrina Monroe, establece que cualquier intento de un país de la región por nacionalizar recursos, modificar concesiones o incluso priorizar alianzas con potencias extrarregionales como China o Rusia será interpretado como una agresión directa contra los Estados Unidos. La gravedad de este principio radica en su capacidad de expansión sobre todo el subcontinente. Si hoy el objetivo es el crudo venezolano, mañana la misma lógica de "protección de la propiedad robada" podría aplicarse a los yacimientos de litio en el norte de Argentina o Chile, a las reservas de gas en Bolivia, o a los proyectos de minería en Perú y Colombia. Bajo esta doctrina, cualquier regulación soberana que afecte la rentabilidad de una corporación estadounidense podría ser catalogada como "expropiación ilícita", justificando bloqueos económicos o intervenciones "en defensa de la prosperidad americana".

La región se enfrenta así a una nueva era de imperialismo transaccional donde la soberanía hídrica, energética y mineral de las naciones del sur queda supeditada a un sistema de "eje y radio" controlado desde Washington. En este esquema, los países latinoamericanos dejan de ser socios comerciales para convertirse en custodios temporales de recursos que EE. UU. reclama como propios por el simple hecho de haber aportado la tecnología o el capital inicial para su explotación. Esta postura pulveriza décadas de jurisprudencia internacional sobre la soberanía permanente sobre los recursos naturales y coloca a los gobiernos de Brasil, Argentina y el resto de la región en una posición de vulnerabilidad extrema: la mera firma de un convenio con una empresa minera o petrolera norteamericana podría convertirse, en el futuro, en el título de propiedad que Washington utilice para justificar una sanción o un bloqueo si los intereses nacionales entran en conflicto con la agenda de la Casa Blanca.