Desde Casa Rosada, el vocero Manuel Adorni defendió la medida como un camino hacia la modernización y la reducción del gasto público, amparada por la Ley Bases que permite la venta de empresas estatales.
La decisión reaviva el fantasma de los años 90, cuando el agua, convertida en mercancía, desató luchas populares para garantizar su acceso como derecho esencial. AySA nació en 2006 tras la rescisión del contrato con Aguas Argentinas, privatizada en 1993 bajo el gobierno de Carlos Menem.
Aquella concesión, gestionada por el grupo francés Suez, incumplió con inversiones, dejó agua de mala calidad con nitratos y baja presión, y aplicó aumentos tarifarios del 88,2% frente a una inflación minorista del 7,3% entre 1993 y 2002. En los barrios populares, donde la pobreza impedía pagar tarifas, la amenaza de cortes de servicio desató protestas y movilizaciones.
Organizaciones sociales, sindicatos y vecinos lograron, tras duras luchas, que se redujera el caudal en lugar de cortar el suministro, reconociendo el agua como un derecho humano. La reestatización de 2006 permitió conectar a millones, alcanzando un 83,3% de cobertura en agua potable y un 63,3% en cloacas entre 2006 y 2015.
Sin embargo, el gobierno actual sostiene que AySA acumuló déficits por USD 13.400 millones hasta 2023, financiados por el Estado, con un aumento del 90% en la plantilla, de 4.000 a 7.400 empleados, y una morosidad que creció del 4% al 16%. En 2024, la empresa logró un superávit de $48.288 millones tras alzas tarifarias del 317% y recortes en gastos, como un 15% en salarios, afectando directamente a los trabajadores.
La privatización propone vender el 90% de las acciones estatales, dejando el 10% a los empleados, mediante una licitación internacional y una oferta pública en el mercado bursátil, inspirada en la empresa brasileña Sabesp. Un Decreto de Necesidad y Urgencia permitirá cortes de servicio por falta de pago, desafiando la ley 26.221 y el principio del agua como derecho esencial, conquistado tras años de resistencia popular.
Desde el sindicato de AySA y la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias se denuncia que esta medida prioriza el lucro sobre las necesidades de los sectores más vulnerables. Malena Galmarini, ex presidenta de AySA, advirtió que los cortes violan el carácter esencial del servicio.
Los 6.200 empleados enfrentan incertidumbre, ya que el gobierno no garantizará su continuidad ante el operador privado. En los barrios, la memoria de los 90 alimenta el temor a tarifas inalcanzables y cortes que golpeen a los más pobres. Mientras el pliego licitatorio se prepara para el segundo semestre de 2025, trabajadores y movimientos sociales reclaman que el agua no vuelva a ser una mercancía, exigiendo transparencia y la defensa de un recurso vital.
