El plan para sentenciar a muerte la asistencia en Gaza

A partir de enero de 2026, el horizonte para miles de familias palestinas se volverá todavía más oscuro. El régimen israelí ha oficializado la prohibición de funcionamiento para 37 organizaciones humanitarias, entre ellas Médicos Sin Fronteras, Oxfam y ActionAid, pilares fundamentales que sostenían los jirones de vida que quedan en Gaza y Cisjordania.

Esta medida no es un hecho aislado ni una simple cuestión administrativa; se trata de una decisión política estratégica. Al exigir listas detalladas del personal y el origen de los fondos, la ocupación no busca transparencia, sino confeccionar un mapa de persecución para terminar de desarticular cualquier red de apoyo que no esté bajo el control de la bota militar.

La narrativa del invasor recurre, una vez más, al fantasma del "terrorismo" para intentar justificar lo injustificable. Sin presentar pruebas públicas y fehacientes, Israel lanza acusaciones contra trabajadores humanitarios locales, señalándolos como supuestos vínculos de la resistencia.

Es la táctica sistemática de criminalizar la solidaridad para legitimar el asedio. Al vaciar el territorio de testigos internacionales y de manos que curan, el objetivo parece ser ocultar la magnitud de la masacre perpetrada desde hace más de dos años. Se pretende que el pueblo muera en silencio, sin cirujanos que operen bajo las bombas y sin alimentos que lleguen a las zonas donde el hambre es utilizado como un arma de guerra.

Desde el corazón de Gaza, la advertencia de Médicos Sin Fronteras resuena como un grito de alerta que no puede ser ignorado: medio millón de palestinos perderán su única oportunidad de recibir atención médica. No son números en una planilla; son seres humanos que se quedarán sin partos seguros, sin diálisis y sin medicamentos básicos.

Mientras el COGAT afirma cínicamente que este veto solo afecta al 1% de la ayuda, es sabido que estas 37 organizaciones son las que llegan a donde nadie más se atreve y las que denuncian los crímenes de guerra. Expulsarlas es, lisa y llanamente, quitarle el respirador a una población que ya respira el polvo de sus propias casas demolidas.

Esta prohibición es un paso más hacia la anexión total y el vaciamiento de la tierra palestina. No se trata de un conflicto de "acusaciones recíprocas", sino de una limpieza étnica ejecutada con decretos y bombardeos. 

 Si se permite que Israel borre del mapa a quienes ayudan a sobrevivir, se estará firmando una sentencia de complicidad internacional. La memoria será el refugio de quienes hoy son expulsados.