La jornada de movilización frente al Congreso de la Nación, donde jubilados y trabajadores se manifestaban, se vio empañada por una escalada de represión y violencia por parte de las fuerzas de seguridad federales, bajo la órbita del gobierno de Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Nacionales22/05/2025 Redacción LME
La denuncia es contundente: hubo una "práctica sistemática y direccionada de cacería" contra los manifestantes y, de forma particular, contra los trabajadores de prensa.
Las agresiones más preocupantes se centraron en los reporteros gráficos, cuya labor es fundamental para visibilizar los hechos. Tomás Cuesta, de Amnistía Internacional y La Nación, y Javier Iglesias fueron detenidos mientras cubrían los acontecimientos. Las denuncias señalan que la detención de los reporteros no fue un hecho aislado, sino que formó parte de un esfuerzo deliberado por impedir que se registrara y difundiera la represión. "No quieren que la protesta se muestre, pretenden una sociedad cada vez más desinformada", se manifestó desde el sector.
La tensión se palpó en las adyacencias del Congreso, donde un cordón de trabajadores de prensa intentó evitar el traslado de los detenidos a las comisarías, generando momentos de gran incertidumbre.
La violencia no se limitó a las detenciones. Otro reportero, conocido como "Tato" de IP Noticias, fue gaseado en su rostro mientras intentaba asistir a manifestantes. La periodista Lula González, de El Destape, también denunció haber sido agredida por la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Estos hechos, que atentan directamente contra el derecho a manifestarse y la libertad de prensa, marcan una preocupación creciente. La función de los periodistas es irreemplazable: mostrar lo que sucede. Sin embargo, en el contexto actual, se observa un creciente autoritarismo, mayor agresividad y un preocupante retroceso democrático, con ataques arteros a la libertad de expresión y al derecho a la información que merecen el más enérgico repudio.
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