Jueces de la Cámara Federal de Casación Penal: Lujos, multas impagas y un estilo de vida al borde de la ley

 

Los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, quienes tendrán un rol clave en la aplicación del proyecto "Ficha Limpia" para decidir quiénes pueden ser candidatos en las próximas elecciones, están bajo la lupa por su estilo de vida lujoso y su aparente desprecio por las normas que deben hacer cumplir. Mientras la sociedad argentina enfrenta una crisis económica y fiscal, estos magistrados disfrutan de vehículos de alta gama asignados por el Estado, acumulan multas impagas y parecen vivir en una burbuja de privilegios.

 
Carlos Mahiques: Una Toyota Hilux y 49 multas impagas en 5 meses
El juez Carlos Mahiques recibió el 1° de agosto de 2024 una Toyota Hilux 4X2 motor 2.8, con un valor de $47 millones. Sin embargo, su conducta al volante dista mucho de ser ejemplar. En solo 5 meses, acumuló 49 multas impagas en la Ciudad de Buenos Aires, lo que equivale a 10 infracciones por mes. Lo más llamativo es que estas multas, al igual que el vehículo y sus gastos asociados (combustible, seguro, patentes y mantenimiento), son financiadas por el Estado, es decir, por los contribuyentes argentinos.

Mariano Borinsky: De una Trailblazer a 66 multas impagas
Mariano Borinsky, otro integrante de la Cámara, recibió el 20 de diciembre de 2024 una Chevrolet Trailblazer 4X4 motor 2.8, valuada en $66 millones. Antes de este lujoso vehículo, Borinsky manejaba un Volkswagen Vento (dominio AB151TN), con el que acumuló 66 multas impagas. A pesar de devolver el Vento, su historial de infracciones no parece haber mejorado. Como en el caso de Mahiques, todos los gastos asociados a sus vehículos son cubiertos por el Estado.

Diego Barroetaveña: Una Jeep Compass y 81 multas en 8 meses
El juez Diego Barroetaveña no se queda atrás. El 3 de mayo de 2024 se le asignó una Jeep Compass Sport motor 2.4, con un valor de $38 millones. En apenas 8 meses, Barroetaveña acumuló 81 multas impagas en la Ciudad de Buenos Aires. Este patrón de conducta irresponsable no solo refleja un desprecio por las normas de tránsito, sino también por el dinero público que financia su estilo de vida.

Un sistema que premia el privilegio

Lo más preocupante de esta situación es que los vehículos, así como sus gastos de mantenimiento, combustible, seguros y patentes, son financiados por el Estado, es decir, por los impuestos de todos los argentinos. Además, los jueces federales cobran sueldos que superan los $10 millones de pesos mensuales, lo que contrasta fuertemente con la realidad económica que enfrenta la mayoría de la población.

Pero el problema no termina ahí. Estos magistrados, encargados de hacer cumplir las leyes, parecen vivir al margen de ellas. Las multas que acumulan no solo quedan impagas, sino que también son cubiertas con fondos públicos, lo que genera un doble perjuicio para los contribuyentes.

 
Reflexión final: ¿Quién controla a los que controlan?
La situación de los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal plantea una pregunta incómoda:

¿Quién controla a los que tienen el poder de decidir sobre la ley?

Mientras estos magistrados disfrutan de privilegios financiados por el Estado, su conducta parece estar muy lejos de los valores de responsabilidad y ejemplaridad que se esperan de quienes ocupan cargos de tanta relevancia.

En un contexto en el que la sociedad argentina exige transparencia y justicia, casos como estos no hacen más que alimentar la desconfianza hacia las instituciones y sus representantes.

Urge un debate profundo sobre la rendición de cuentas y el uso de los recursos públicos, especialmente cuando quienes deben velar por el cumplimiento de la ley parecen estar por encima de ella.