La preocupación por el uso del fentanilo vuelve a encender las alarmas en el sistema de salud. En el centro de la polémica se encuentra el lote 31202 de ampollas, identificado como de alto riesgo. De las 154.530 unidades que componían esa partida, 64 mil fueron recuperadas judicialmente, otras 29 mil están en poder de instituciones de salud bajo control. Pero 42.617 ampollas continúan sin paradero claro.
La información fue confirmada por especialistas que alertaron sobre el potencial uso de estas ampollas en ámbitos no regulados. “El problema no es hoy, el problema es ayer”, sentencian con crudeza quienes conocen la gravedad de la situación. La advertencia es clara: cualquier anestesista sabe que no puede, ni debe, utilizar una ampolla de ese lote. Sin embargo, la trazabilidad de miles de esas dosis sigue siendo un misterio.
Se sospecha que muchas de esas ampollas podrían haber sido utilizadas sin conocimiento del riesgo, descartadas sin control o incluso vendidas en el circuito negro. La falta de un sistema eficaz de seguimiento y control en tiempo real deja expuesta una debilidad estructural que pone en riesgo la vida de pacientes y el accionar de profesionales que podrían verse involucrados involuntariamente en el uso de medicamentos contaminados o alterados.
El fentanilo es un opioide de altísima potencia, utilizado en intervenciones quirúrgicas como anestésico o analgésico. Su uso está estrictamente regulado, pero la circulación de partidas no seguras rompe todos los protocolos de seguridad. La magnitud de esta situación no puede subestimarse: con una sola ampolla mal utilizada puede desencadenarse una tragedia.
Las autoridades judiciales intervinieron y lograron recuperar una parte del lote. Sin embargo, la falta de certezas sobre el destino final de las 42 mil ampollas restantes plantea interrogantes urgentes. ¿Quién se hizo cargo del retiro de esta partida? ¿Qué medidas preventivas se adoptaron para alertar a los equipos médicos? ¿Dónde falló el sistema?
En el contexto actual, donde la salud pública atraviesa situaciones críticas por desfinanciamiento, falta de insumos y precarización laboral, el caso del lote 31202 es un síntoma más de un Estado que ha renunciado a cuidar. No se trata solo de un error en la distribución o control. Se trata de miles de vidas potencialmente afectadas por una negligencia que pudo evitarse.
