La jornada culminó con una fuerte represión policial frente al Congreso de la Nación, en una escena que condensa dos rasgos del gobierno actual: ajuste brutal y criminalización de la protesta.
Desde temprano, miles de personas se concentraron para reclamar la restitución de una ley que había sido aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras y que buscaba proteger a uno de los sectores más castigados por el desguace del Estado. Sin embargo, lejos de una respuesta institucional a la altura del drama social, el gobierno decidió vetarla por completo y ordenar a las fuerzas de seguridad desalojar con gases lacrimógenos y palazos una manifestación pacífica.
La represión se dio en un contexto de creciente fragilidad para las personas con discapacidad. Según datos del CELS, antes de los cambios introducidos por el Ejecutivo a través de un DNU, había en el país 1.250.000 personas que recibían pensiones no contributivas. Ese beneficio, aunque mínimo, no sólo implicaba un ingreso económico, sino que habilitaba el acceso al programa Incluir Salud. A partir de 2024, el gobierno avanzó con modificaciones que eliminaron la posibilidad de trabajar y conservar la pensión, endurecieron los criterios médicos y socioeconómicos y lanzaron un proceso masivo de auditorías que reexamina los beneficios ya otorgados, bajo la presunción de fraude.
Desde agosto de 2024 hasta abril de 2025, el Estado citó a más de 713 mil personas para revisar su situación. Sin embargo, sólo el 14,9% pudo asistir a las evaluaciones. Entre las principales causas figuran las dificultades del mecanismo de citación —que incluyó cartas confusas, con lenguaje jurídico paralizante, remitidas a domicilios erróneos o ya no vigentes—, la falta de recursos para trasladarse cientos de kilómetros y la imposibilidad física de muchas personas para enfrentar ese periplo. Quienes no se presentaron vieron interrumpidas sus pensiones sin notificación previa y, en muchos casos, sin explicación.
La situación se agrava con el veto de Javier Milei a la ley de emergencia, ya que implica desechar una herramienta que buscaba frenar este tipo de arbitrariedades. El mismo informe del CELS revela que el gobierno ya suspendió más de 65 mil pensiones sin brindar motivos y que el porcentaje de rechazos en nuevas solicitudes se disparó del 40% al 75% en lo que va del año. Para quienes estuvieron ayer en la Plaza, la represión no hizo más que confirmar lo que ya vivían en carne propia: ser tratados como culpables por necesitar del Estado.
