Después de dos semanas de silencio frente a los numerosas manifestaciones que gran parte de la sociedad de Jujuy le viene espetando por salarios de pobreza y la amañada reforma constitucional, la gobernación de Gerardo Morales contraatacó justo cuando se cumple un mes de la primera manifestación popular.
Lo hizo con una decisión que enciende todas las alertas y obliga a recalcular estrategias de lucha: el gobierno provincial resolvió constituirse como querellante en múltiples causas que atraviesan a todos los episodios de protesta registrados hasta ahora. Las imputaciones a los manifestantes pueden derivar en multas de hasta un millón y medio de pesos y en condenas de 25 años de prisión. Una arremetida favorecida por figuras establecidas en la nueva Carta Magna y que dan razón a quienes la cuestionaban justamente por criminalizar la protesta social.
Así lo hicieron saber el fiscal de Estado Miguel Ángel Rivas, el ministro de Seguridad, Guillermo Corro, y el procurador general, Sebastián Albesa, quienes detallaron los pasos a seguir “por orden expresa del gobernador”, según subrayaron, pese a que se sabe que Morales no se encuentra en Jujuy desde hace al menos quince días.
Fuentes: https://www.pagina12.com.ar/565389-gerardo-morales-contraataca-con-una-persecucion-judicial
