Atentado a CFK: la Magistratura trabó la investigación sobre el accionar de la jueza Capuchetti

El mismo día que la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura votó a favor de desestimar la investigación contra los cuatro jueces que viajaron a Lago Escondido a fines de 2022 para reunirse con exfuncionarios del gobierno de Macri y ejecutivos del Grupo Clarín, también hubo una negativa a profundizar en medidas para investigar a la jueza federal María Capuchetti.

El nombre de la magistrada aparece en la carátula de dos expedientes del Consejo, vinculados a su actuación en la investigación del atentado a Cristina Kirchner. Pero esta semana hubo tres pedidos de prueba relacionados con uno en el que se la investiga por las deficiencias en la preservación del celular del atacante, Fernando Sabag Montiel.

La investigación de esas irregularidades está liderada por el consejero juez Alberto Lugones, que durante la reunión del martes sostuvo que tiene un avance significativo. Sin embargo, en su pedido de pruebas se limitó a pedirle a Comodoro Py copias de la causa principal del atentado y de dos conexas por falso testimonio.

Si bien ese pedido fue aprobado por unanimidad, en el sector del kirchnerismo dejaron gusto a bastante poco. Por eso también se sometió a votación un planteo incorporado por la senadora de Unión por la Patria María Inés Pilatti Vergara, que incluía un pedido a Capuchetti para que informe quiénes estuvieron presentes cuando personal de la Policía Federal intentó peritar el dispositivo del atacante pocas horas después del hecho y la citación a cinco testigos.

La intención era convocar a Camila Dafne Serén y Pablo Kaplan, los peritos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que recibieron el dispositivo para su peritaje en Ezeiza el día siguiente al hecho y alertaron sobre deficiencias e irregularidades en la cadena de custodia. Pero también a Priscilla Santillán, la policía a la que Capuchetti mandó a llevar el teléfono hasta la PSA; y al ex viceministro de Justicia Juan Martín Mena y Damián Neustadt, exfuncionario del Ministerio de Seguridad, ambos presentes en momentos en los que se manipuló el dispositivo.

A esos pedidos se les sumó otro realizado por el consejero de la Abogacía, César Grau, para que se notifique a Capuchetti y pueda ejercer su defensa por escrito, designar defensor, ofrecer pruebas y «expresar lo que corresponda a su derecho, en el plazo de 20 días», de acuerdo al texto del artículo 11 del Reglamento de la Comisión de Disciplina y Acusación.

Sin embargo, lo único que se aprobó fue el pedido de copias de las causas impulsado por Lugones. Las peticiones de Pilatti Vergara y Grau referenciadas antes fueron rechazadas en una votación que terminó 7 a 3, donde la mayoría fue construida por los consejeros jueces Diego Barroetaveña, Agustina Díaz Cordero, Lugones y Alejandra Provítola, a quienes se plegaron el académico Hugo Galderisi y los senadores Luis Juez (PRO) y Eduardo Vischi (UCR).

Las razones
Antes de la votación, el diputado Rodolfo Tailhade adelantó que si bien su bloque iba a apoyar los pedidos de Lugones, «es indispensable llamar a declaración testimonial, porque si uno lee la denuncia y las medidas de prueba va a llegar a la conclusión de que son automáticas la declaración de las personas que recibieron el teléfono en la PSA y de Mena y Neustadt, todos los cuales tuvieron contacto con la jueza en el marco de este despelote que se armó con respecto al teléfono».

Vanesa Siley compartió el criterio y agregó que si bien es posible insistir con las medidas más adelante, «las medidas que pretende Lugones no son en modo alguno contrarias a las que presentó Pilatti Vergara y pidió (Mariano) Recalde. Son complementarias porque si no el riesgo es quedar a mitad de camino».

Lugones se defendió de los reproches y dijo: «No sé por qué damos por hecho que yo pido los expedientes para bloquear algo. El doctor Tailhade lo tiene todo estudiado, yo no lo tengo todo estudiado, y para ir un paso más allá pido el expediente. No es tan descabellado».

La jueza Provítola, por su parte, también pidió la palabra y llamó a no sobre esforzar el pedido de pruebas porque «acá se piden tres medidas y una de ellas es que se incorpore prueba que ya está incorporada en otro expediente en este Consejo». Y añadió: «Por supuesto que el evento ocurrido es gravísimo (NdR: el atentado) y debe ser investigado hasta las últimas consecuencias». Pero justificó su rechazo a que se notifique a la jueza en los términos que planteo Grau porque a su criterio «no es un simple aviso (…) sino que la naturaleza implica mucho más que avisarle a un juez».

«Hay procesos en trámite y no podemos estar distrayendo a los colegas que están investigando para que vengan a explicar lo que está en los expedientes, primero leámoslos y después vemos si hay mérito para otra cuestión», completó.