Este miércoles la cartera laboral bajo la resolución 449/2021 otorgó la personería social a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Para poder cumplir con esta determinación primero hubo que crear un registro especial, el «Registro de Asociaciones de Trabajadores de la Economía Popular y de Subsistencia Básica», que se hizo a través de la resolución 118/2021 en marzo pasado. La misma indica que las personas que se desempeñan en el ámbito de la economía popular y de «subsistencia básica», podrán constituir asociaciones una vez obtenida la pertinente inscripción.
Para el Poder Ejecutivo, se considera trabajadores de la economía popular y de subsistencia básica a los sujetos que se desempeñan de manera individual o colectiva, para generar un ingreso personal y familiar, ya sean trabajadores autónomos, prestadores de tareas eventuales, ocasionales o changas, vendedores ambulantes y ocupantes de puestos callejeros.
También, personas dedicadas a la recuperación de residuos o a trabajos de cuidado en espacios comunitarios, como jardines, merenderos y comedores, venta en pequeñas ferias, agricultura familiar, venta de artesanías, cuidado de automóviles, lustrado de zapatos, cooperativas de trabajo y pequeños emprendimientos promovidos por programas sociales.
Trabajo aclaró que dentro de esta categoría entran, además, «todos aquellos que, bajo tipologías análogas y sin que exista una relación que permita tipificar el vínculo como contrato de trabajo en los términos de la Ley N° 20.744, participen del proceso de producción de bienes y servicios con relaciones asimétricas, con la finalidad de subsistir».
Esta modificación en los criterios que se adaptó a los cambios que a su vez sufrió el mercado laboral podría ser un paso más que le permita a la UTEP lograr su anhelo de ingresar a la CGT.
En marzo, el Ministerio de Trabajo explicaba que «las formas que asume la denominada economía popular de subsistencia, no previstas en el concepto de relación de dependencia típica, imponen la necesidad de dar un marco jurídico a nuevos sujetos que actúen como interlocutores que ejerzan su representación colectiva y que permitan canalizar en un ámbito de legalidad, las peticiones y las iniciativas para el desarrollo».
