Laura Cáceres, de 21 años, trabajó durante seis meses para Pedidos Ya durante 2020. Hasta que el 11 de septiembre, “de un día para el otro”, le dieron de baja su cuenta. Organizada gremialmente con repartidores precarizados, comenzó entonces a luchar por la reincorporación. Así logró que, por primera vez, un fallo judicial obligara a la empresa a devolverle su puesto.
Nacionales08/07/2021 Redacción LME“Es el primer paso para pelear por todos los compañeros despedidos y por los derechos que tenemos que la empresa incumple”, dijo Laura Cáceres, luego de que la Justicia ordenara a la empresa de delivery devolverle su puesto. Y cuestionó que “el gobierno permite que haya una empresa que hace fraude laboral. Hace poco les pusieron una multa, pero no alcanza. Los laburantes seguimos en las mismas condiciones, sin derechos. Ellos dicen que no estamos en relación de dependencia, que no somos trabajadores sino socios”.
El fallo fue emitido en abril por la jueza Rosalía Romero, del Juzgado del Trabajo N° 71, y ordenó su reinstalación. Pero recién hace dos días Cáceres logró acceder a su cuenta y volver a trabajar haciendo repartos. Cuando fue despedida, la empresa de delivery la desvinculó bloqueándole su cuenta y argumentando que no había entregado los pedidos a los usuarios dentro de un tiempo prudente y en condiciones. Ella probó que no había sido así y las clientas declararon como testigas.
La joven denunció también que su despido era “persecutorio y antisindical”, porque había estado organizándose junto a otros trabajadores de otras aplicaciones para exigir aumento del pago por pedido y mejores condiciones laborales, a través de la Asamblea Nacional de Trabajadores de Reparto (ANTR)y la Red de Trabajadores Precarizados -PTS en el Frente de Izquierda Unidad.
“Ellos (Pedidos Ya) nunca se comunicaron conmigo. Yo trataba de entrar a mi cuenta, ellos decían que estaba habilitada (tras el fallo). Recién hace dos días pudimos acceder. Pero ellos no responden. No tenemos adónde ir a quejarnos cuando pasan estas cosas. Hay compañeros accidentados o tienen la moto rota o se lastimaron y la empresa, como no tenemos ART, no hace nada. Hacemos colectas entre compañeros y compañeras para que sigan comiendo”, contó. Y remarcó que a partir de su caso se comunicó con despedidos y despedidas de otras zonas y provincias para avanzar en la organización en defensa de los derechos de trabajadores de reparto.
La obra responde a una orden judicial que fue ignorada hasta que ocurrió la tragedia. El organismo tenía la responsabilidad de prevenirlo.
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