El derecho a volver al territorio es una práctica que las comunidades mapuches ejercen desde hace más de veinticinco años. Lejos de la campaña mediática y política que los llama “terroristas”, numerosas leyes amparan los derechos indígenas. Un análisis del pasado y el presente para entender a un pueblo que es preexistente al Estado argentino.
Los Carabineros reprimieron la movilización. Los enfrentamientos se extendieron durante 40 minutos. Según los reportes oficiales, hubo un muerto, 17 heridos y 10 detenidos.
En Río Negro, Neuquén y Chubut se repiten hechos de violencia contra comunidades originarias. En Cuesta del Ternero (zona de El Bolsón), el Lof Quemquemtrew sufrió un bloqueo policial que impide el acceso a alimentos y abrigo. El rol del Poder Judicial, que incumple los derechos indígenas, y el avance petrolero y empresarios del agro. La cuestión de fondo: el territorio.
El funcionario nacional entregó la documentación requerida sobre su patrimonio e incompatibilidades ante la Oficina Anticorrupción, tras vencerse holgadamente los plazos legales y en medio de cuestionamientos por la falta de transparencia en sus datos patrimoniales.
Un violento frente de tormentas azotó a la región central del territorio nacional con intensas ráfagas de viento y abundante caída de piedra, dejando como saldo cuantiosos daños materiales en vehículos, viviendas y redes de servicios públicos.
El proyecto enviado por el Gobierno nacional al Congreso propone eliminar el esquema que permite combinar las pensiones no contributivas por discapacidad con un trabajo formal o inscripción tributaria, estableciendo que la mera inclusión en el mercado laboral registrado implicaría la pérdida del beneficio.
La intersindical que nuclea a empleados y jubilados se movilizó en las puertas del Policlínico PAMI II para visibilizar el recorte de prestaciones, la falta de personal e insumos y el traslado compulsivo de miles de afiliados hacia efectores privados.
La administración de Rodrigo Paz justificó el fin de la subvención estatal a los combustibles para evitar una sangría fiscal de 2.600 millones de dólares anuales, mientras transportistas, sindicatos y organizaciones sociales convocan a paros e intensos bloqueos en las principales rutas del país.