El Pueblo Mapuche resiste la avanzada de jueces, fiscales y empresarios

Comunidades mapuches de la Patagonia resisten nuevas embestidas del Poder Judicial, policías y empresariales locales. En Río Negro, veinte integrantes de la Lof Quemquemtrew, que atraviesan un proceso de recuperación territorial en la zona de Cuesta del Ternero, hace seis días están incomunicados y sin la posibilidad de recibir alimentos y abrigo. Mientras tanto, Neuquén es escenario del intento de desalojo del Lof Fvta Xayen: policías y maquinarias avanzan sobre el territorio habitado ancestralmente en la llamada «capital de Vaca Muerta». En Chubut, el vicepresidente de la Sociedad Rural de Esquel amenaza con desalojar a la Papay (anciana) Isabel Catriman, de 78 años.

En Río Negro, seis días sin comer
«Llegaron los policías, me apuntaron, me tiraron al piso, y me pusieron una rodilla en la espalda, quiero que todos sepan lo que estamos pasando». El relato pertenece a Antu Morales, de 8 años y parte de la Lof Quemquemtrew, ubicado en la localidad Cuesta del Ternero, que la fiscal de Río Negro Betiana Cendón ordenó un pedido de identificación de personas, que devino en un desalojo el 24 de septiembre, a cargo de la policía y de la misma Cendón. Más de cincuenta efectivos de la policía pertenecientes a la COER (Cuerpos de Operaciones Especiales y Rescate) se llevaron detenidos, a tiros y golpes, a Alejandro Morales, Mauro Vargas y Lautaro Cárdena; posteriormente fueron liberados. Mientras tanto, veinte pobladores del lugar quedaron en la zona defendiendo sus tierras. Pero desde ese día se les privó de alimento, abrigo y de toda ayuda humanitaria; también se rechazó un pedido de hábeas corpus. La policía rionegrina utiliza una escuela como centro de operaciones.

El lunes 27 se convocó a un trawn (reunión) para realizar un corredor humanitario que habilitase a las familias y organismos de derechos humanos a llevar víveres a quienes permanecen en el territorio. Distintas comunidades se acercaron al lugar. Pero la caravana quedó encerrada entre dos cordones policiales, donde fue reprimida con balas y piedras. La ayuda no llegó a destino: desde entonces, diversos organismos reclaman la intervención del gobierno de Arabela Carreras. Hasta el momento ha desoído los reclamos. Este miércoles se presentó una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el aval de referentes como Adolfo Pérez Esquivel y del Servicio Paz y Justicia (Serpaj).

Este nuevo capítulo de violencia institucional contra el pueblo mapuche está, nuevamente, vinculado al avance de emprendimientos extractivistas en la Patagonia. El 18 de septiembre, la Lof Quemquemtrew había recuperado el territorio ancestral que ocupa Rolando Rocco, cabeza visible de un entramado empresarial dedicado al monocultivo de pinos. El fiscal Francisco Arrien, de El Bolsón, se hizo presente el martes 21 y mantuvo un intercambio con la Lof. El funcionario judicial se comprometió a esperar la realización de un trauwn de comunidades, a partir del cual se comunicaría la decisión adoptada en conjunto el lunes 27. Pero la fiscal Cendón ordenó el desalojo el viernes de esa semana.

Quienes hoy permanecen en el lugar en defensa del territorio recuperado llevan seis días sin alimentos y sin abrigo. En ese marco, Orlando Carriqueo, Werken de la Coordinadora del Parlamento Mapuche, reclamó ante la fiscal Cendón que «teniendo en cuenta las temperaturas bajo cero que se están registrando durante la noche» se adelante la audiencia dispuesta para resolver el acercamiento de ayuda humanitaria. «Es un derecho humano tener acceso alimentario», recordó el vocero mapuche. La audiencia se llevó a cabo este miércoles, pero el pedido de ayuda fue desestimado por el juez Ricardo Calcagno. En esa instancia, el argumento para evitar que se acerquen alimentos fue «no convalidar un delito, una toma», según contó Carriqueo a este medio.

Además, el referente mapuche había solicitado generar una Mesa de Dialogo que permita avanzar en la resolución pacífica del conflicto. El pedido se enmarca en lo dispuesto por el Convenio 169 de la OIT. También, en el pedido del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, organismos que al conocer la situación reclamaron a las autoridades provinciales que se convoque al diálogo. Pero también este punto fue desoído, y con él las voces de las comunidades y de organismos como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Ayer hubo una movilización frente a Casa de Gobierno.

Mónica San Martín, secretaria general de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter) de El Bolsón relató ayer a la radio Namunkurá que la policía seguía apostada en la Escuela 211 de Cuesta del Ternero, donde asisten niñas y niños mapuches. La misma radio afirmó que el gobierno provincial suspendió las clases aduciendo el «riesgo» de que la comunidad «tome» el establecimiento. San Martín argumenta desde el contexto: “El nombre de esa escuela es María Lucinda Quintupuray, mujer mapuche asesinada en ese territorio por conflicto de tierras; luego apareció muerto su hijo también. Es leer historia y entender que la comunidad nunca va a dañar la escuela». Y agrega: «Es vil que mientan así». La docente también señaló que es la misma policía la que no deja llegar la ayuda humanitaria a quienes resisten en el Lof.

Neuquén y la resistencia del Lof Fvta Xayen
El 27 de septiembre, el Lof Fvta Xayen decidió poner en resguardo el territorio comunitario Los Algarrobos, situado a 18 Kilómetros de Añelo, epicentro de Vaca Muerta. La medida se tomó ante la «amenaza a manos de un privado del lugar, llamado Fernando Galván», explicaron los pobladores. «Este privado, usando la fuerza ha ingresado maquinaria pesada rompiendo todo a su paso, en particular lugares de importancia cultural ligado a la memoria y al uso tradicional de las familias del Lof», relatan. Sin embargo, está vigente una orden dictada por el fiscal Marcelo Silva desde el miércoles 29 para desalojar a la comunidad.

El Pueblo Mapuche denuncia que «Galván logró a través de una relación fraudulenta con los poderes del momento acreditar propiedad, apropiándose hasta de la costa del Río Neuquén, incluyendo las islas que era el lugar de crianzas de la economía ganadera de las familias mapuches». También se avanzó sobre un cementerio ancestral. Mediante un comunicado, la Confederación Mapuche reclamó «el accionar urgente de los organismos responsables pasivos de estos abusos». Exhortaron a las autoridades a hacer cumplir el artículo 53 de la Constitución de Neuquén, el artículo 75 de la Constitución Nacional y la Ley 24.075 (Convenio 169 de la OIT). «Defenderemos nuestro territorio y la riqueza cultural que allí existe hasta las últimas consecuencias», afirman las y los pobladores originarios de Los Algarrobos.

Chubut: la Sociedad Rural contra una pobladora ancestral
El Lof en Resistencia Cushamen Curramapu informó en las últimas horas que la Papay (abuela) Isabel Catriman, de 78 años, pobladora de Laguna Larga -en el límite con Parque Nacional Los Alerces- está siendo intimidada para abandonar su territorio. Desde febrero, su permanencia se ve amenazada por Alejandro Samamé, vicepresidente de la Sociedad Rural de Esquel e hijo del ex procurador judicial Eduardo Samamé, y por Nahuel Serra, hijo de empresarios de la zona. Samamé (hijo) y Serra son dueños de Los Tercos SRL, empresa que recibió habilitación para la explotación agrícola, ganadera, forestal y minera por un lapso de 99 años.

Según informan pobladores mapuches de la zona, actualmente Catriman «está siendo hostigada por la presencia de cuatro matones, que no le permiten transitar su tierra». Además, el juez Alberto Criado de Esquel prohibió el acercamiento de la hija de Catriman, impidiendo que pueda asistirla. «Hacemos responsables del riesgo de vida que corre la Papay al Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural, quien vendió la tierra, cuando se supone que está prohibida la venta de ‘tierra fiscal’ a funcionarios (y sus familiares), al juez Criado, a la Fiscalía de Chubut, a la Sociedad Rural de Esquel y al Juzgado de Familia», señala el Lof en un comunicado. Advierten que la anciana mapuche es víctima de violencia de género y racismo.

Las intimidaciones a Catriman constituyen un nuevo capítulo de la violencia que viven los pueblos originarios en esa provincia. El pasado 16 de septiembre, 20 comunidades mapuches-tehuelches de Chubut pidieron la declaración de inconstitucionalidad del decreto 112/21, sancionado por el gobernador Mariano Arcioni. Las poblaciones sostienen que transgrede todas sus funciones e incluso pasa por encima de la ley provincial de creación del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural. Esta ley regula la participación indígena en el Instituto (artículos 39 a 48) mediante una Comisión de Tierras Indígenas, pero el gobierno chubutense nunca puso en funciones dicha comisión. Asimismo, cuestionan que el Decreto 112/21 viola los derechos de los pueblos indígenas porque fue elaborado sin participación ni consulta (como establece el Convenio 169 de la OIT, entre otras normativas).