La Mecha EncendidaEn un movimiento administrativo de alto impacto, el Gobierno anunció este martes la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El organismo, que funcionaba de manera descentralizada desde 2017, dejará de existir como tal y sus competencias serán absorbidas íntegramente por el Ministerio de Salud de la Nación.
La decisión del Poder Ejecutivo de disolver la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y absorberla bajo la órbita del Ministerio de Salud se sostiene sobre un discurso de transparencia y saneamiento de las cuentas públicas. Durante el anuncio oficial, se hizo hincapié en la existencia de un "descontrol administrativo" que incluía pensiones cobradas por personas fallecidas o prófugos de la justicia, y un esquema de coimas en la compra de medicamentos que involucraría a exfuncionarios. Sin embargo, al observar el estado real de estas acusaciones, se hace evidente que la mayoría de estas "irregularidades probadas" pertenecen todavía al terreno de la investigación preliminar o de las auditorías internas del oficialismo, sin que exista hasta el momento una validación judicial definitiva.
En el ámbito de la Justicia Federal, la causa que investiga presuntos sobreprecios y retornos en la compra de insumos de alto costo —derivada de la filtración de audios de exdirectivos— se encuentra aún en etapa de instrucción y recolección de pruebas. A pesar de los múltiples allanamientos realizados en droguerías y domicilios de exfuncionarios, las defensas de los involucrados sostienen que la evidencia original carece de validez legal, planteando la nulidad de las actuaciones. Hasta la fecha, no hay condenas ni procesamientos firmes que ratifiquen la existencia del entramado corrupto denunciado por el Ejecutivo. Esta falta de sustento jurídico definitivo pone en duda si el cierre del organismo es una respuesta a un delito comprobado o una herramienta política para desactivar un foco de conflicto que salpica a figuras cercanas al poder central.
Por otro lado, la eficacia y veracidad de las auditorías sobre las pensiones por invalidez también han sido cuestionadas por órganos independientes y por el propio Poder Judicial. Recientemente, un fallo judicial declaró que la ANDIS actuó de manera "ilegal" al suspender masivamente pensiones basándose en citaciones que no cumplían con los requisitos básicos de notificación, ordenando su restablecimiento inmediato. Organizaciones como ACIJ han denunciado que casi el 50% de las cartas documento enviadas por la Agencia nunca llegaron a destino, lo que generó bajas arbitrarias de beneficios esenciales sin que se probara fraude alguno por parte del usuario. Lo que el Gobierno presenta como un ahorro producto de la lucha contra la estafa, la Justicia lo ha señalado, en varios casos, como una vulneración de derechos fundamentales.
En definitiva, el cierre de la ANDIS se ejecuta en un escenario donde los argumentos de eficiencia y transparencia chocan con la realidad de los expedientes. Si bien es innegable que todo sistema de seguridad social requiere controles permanentes, la disolución de un organismo autárquico bajo la premisa de irregularidades no probadas judicialmente plantea un interrogante sobre la verdadera motivación de la medida. Al subsumir sus funciones en un Ministerio de Salud ya sobrecargado y cuestionado, el Estado se arriesga a que la búsqueda de transparencia termine opacando la necesidad de sostener políticas públicas robustas para uno de los sectores más vulnerables de la población, cuya protección hoy parece depender más de los tribunales que de la gestión administrativa centralizada.
