La Legislatura santafesina debate la regulación de la telemedicina privada

La irrupción de la tecnología en el ámbito sanitario ha transformado de manera irreversible la forma en que los ciudadanos acceden a las consultas médicas. En la provincia de Santa Fe, este fenómeno ha cobrado una relevancia inusitada a través de la proliferación de plataformas de telemedicina, muchas de ellas gestionadas por empresas de medicina prepaga que ofrecen atención remota como una solución rápida y de bajo costo. Sin embargo, este crecimiento acelerado ha generado un vacío legal que la Legislatura provincial busca saldar mediante un proyecto de regulación. El debate, que ya suma voces de distintos sectores, se centra en establecer estándares mínimos de seguridad que impidan que el "doctor virtual" se convierta en una herramienta de precarización de la salud, donde la eficiencia corporativa prime sobre la integridad del paciente.

Uno de los ejes principales de la iniciativa legislativa es la protección de la información sensible. La digitalización de las historias clínicas y el intercambio de diagnósticos a través de servidores privados plantean interrogantes sobre la confidencialidad y el manejo ético de los datos. El proyecto busca que las empresas prestadoras cumplan con protocolos estrictos de ciberseguridad, evitando que la intimidad de los santafesinos quede expuesta ante posibles filtraciones o sea utilizada con fines comerciales por las aseguradoras de salud. Además, se pretende regular la validez de las recetas digitales y las órdenes de estudio, unificando criterios para que el sistema sea interoperable entre el sector público y el privado, garantizando que el paciente no sea rehén de una plataforma específica.

Desde los colegios de profesionales y sindicatos médicos también se ha manifestado una preocupación latente por las condiciones laborales y la calidad del diagnóstico. Advierten que, si bien la telemedicina es una herramienta útil para el seguimiento de patologías crónicas o consultas menores, no puede reemplazar de manera absoluta el examen físico presencial en casos de urgencia o complejidad. Existe un riesgo real de deshumanización del vínculo médico-paciente si las consultas virtuales se transforman en una línea de montaje digital donde el profesional apenas dispone de unos minutos para resolver cuadros clínicos sin contacto directo. La regulación busca, por tanto, establecer límites claros sobre qué tipo de prestaciones pueden realizarse de forma remota y cuáles exigen obligatoriamente la presencialidad.

Este debate se da en un contexto donde el sistema de salud santafesino se encuentra bajo presión por el desfinanciamiento y la crisis de las obras sociales. La telemedicina aparece muchas veces como una respuesta al colapso de las guardias y las demoras en los turnos presenciales, pero sin un marco normativo robusto, corre el riesgo de profundizar las brechas de acceso. La Legislatura tiene el desafío de diseñar una ley que no frene la innovación tecnológica, pero que garantice que el Estado mantenga su rol de contralor. El objetivo final es que la virtualidad sea un complemento que sume eficiencia y no una herramienta de ajuste que reduzca la atención médica a una mera transacción digital desprovista de las garantías básicas que requiere el cuidado de la vida humana.