La Mecha EncendidaLa sesión maratónica de la Cámara de Diputados concluyó con un resultado agridulce para la Casa Rosada. Tras obtener la aprobación general del Presupuesto con 132 votos, el oficialismo vio cómo se desmoronaba su estrategia de "ajuste ciego" al momento de tratar los capítulos específicos. El centro de la disputa fue el Capítulo XI, que incluía el artículo 75, diseñado para derogar la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley 24.901 de discapacidad. Pese a los intentos de La Libertad Avanza por blindar este paquete de recortes, una alianza transversal de bloques opositores —liderada por Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y sectores del radicalismo y Encuentro Federal— logró rechazar ese apartado específico con 123 votos negativos frente a 117 positivos. Este freno parlamentario garantiza que, al menos por ahora, las protecciones legales para estos sectores sensibles permanezcan vigentes y no queden a merced de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo.
La caída del Capítulo XI no solo protegió a las universidades y a las personas con discapacidad, sino que también arrastró consigo otros planes del oficialismo y sus aliados. Al votarse en contra de todo el bloque de artículos, quedó sin efecto el compromiso de pago de la deuda por coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires que el PRO había negociado con el Gobierno a cambio de su apoyo. Asimismo, naufragaron los intentos de eliminar la automaticidad en la actualización de las Asignaciones Familiares y la AUH, así como las restricciones al régimen de "zona fría" para las tarifas de gas. Esta "derrota por capítulos" demuestra que el consenso logrado por el oficialismo para el presupuesto general era extremadamente frágil y no alcanzaba para validar los puntos más controvertidos de su agenda de reforma estructural.
Referentes de la oposición, como Juan Grabois y diputados del bloque peronista, celebraron el resultado como una "victoria de las luchas populares" en un año marcado por masivas movilizaciones educativas y reclamos del sector salud. El impacto de este revés parlamentario obliga al Gobierno a recalcular su estrategia fiscal para 2026, ya que ahora deberá cumplir con las partidas presupuestarias que estas leyes exigen, las cuales intentaba eludir mediante su derogación. Con el proyecto ahora girado al Senado, la atención se desplaza a la Cámara Alta, donde el oficialismo buscará revertir este traspié, aunque el escenario asoma aún más complejo por la fuerte presión de los gobernadores que ayer, en algunos casos, decidieron soltarle la mano al Presidente en los artículos más sensibles para sus provincias.
