En una madrugada de negociaciones febriles y giros inesperados, la oposición logró bloquear el intento del Gobierno de derogar normativas clave. Aunque el Presupuesto 2026 obtuvo media sanción en general, el artículo que buscaba desfinanciar a las universidades y eliminar la emergencia en discapacidad fue rechazado por el voto mayoritario de la Cámara Baja.
Nacionales18/12/2025
La Mecha EncendidaLa sesión maratónica de la Cámara de Diputados concluyó con un resultado agridulce para la Casa Rosada. Tras obtener la aprobación general del Presupuesto con 132 votos, el oficialismo vio cómo se desmoronaba su estrategia de "ajuste ciego" al momento de tratar los capítulos específicos. El centro de la disputa fue el Capítulo XI, que incluía el artículo 75, diseñado para derogar la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley 24.901 de discapacidad. Pese a los intentos de La Libertad Avanza por blindar este paquete de recortes, una alianza transversal de bloques opositores —liderada por Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y sectores del radicalismo y Encuentro Federal— logró rechazar ese apartado específico con 123 votos negativos frente a 117 positivos. Este freno parlamentario garantiza que, al menos por ahora, las protecciones legales para estos sectores sensibles permanezcan vigentes y no queden a merced de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo.
La caída del Capítulo XI no solo protegió a las universidades y a las personas con discapacidad, sino que también arrastró consigo otros planes del oficialismo y sus aliados. Al votarse en contra de todo el bloque de artículos, quedó sin efecto el compromiso de pago de la deuda por coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires que el PRO había negociado con el Gobierno a cambio de su apoyo. Asimismo, naufragaron los intentos de eliminar la automaticidad en la actualización de las Asignaciones Familiares y la AUH, así como las restricciones al régimen de "zona fría" para las tarifas de gas. Esta "derrota por capítulos" demuestra que el consenso logrado por el oficialismo para el presupuesto general era extremadamente frágil y no alcanzaba para validar los puntos más controvertidos de su agenda de reforma estructural.
Referentes de la oposición, como Juan Grabois y diputados del bloque peronista, celebraron el resultado como una "victoria de las luchas populares" en un año marcado por masivas movilizaciones educativas y reclamos del sector salud. El impacto de este revés parlamentario obliga al Gobierno a recalcular su estrategia fiscal para 2026, ya que ahora deberá cumplir con las partidas presupuestarias que estas leyes exigen, las cuales intentaba eludir mediante su derogación. Con el proyecto ahora girado al Senado, la atención se desplaza a la Cámara Alta, donde el oficialismo buscará revertir este traspié, aunque el escenario asoma aún más complejo por la fuerte presión de los gobernadores que ayer, en algunos casos, decidieron soltarle la mano al Presidente en los artículos más sensibles para sus provincias.
La contratación directa de la empresa estatal israelí para la gestión estratégica de los recursos hídricos en la mitad del país ha despertado fuertes denuncias por la falta de licitaciones públicas, la ausencia de consultas populares y la entrega de información geológica crítica bajo cláusulas de confidencialidad y legislación extranjera.
Un informe colaborativo estima en 21 billones de pesos anuales el flujo de recursos que dejarían de percibir los trabajadores para integrarse a la rentabilidad empresarial, impulsado por cambios drásticos en el cálculo de indemnizaciones, la eliminación de presunciones de empleo y la flexibilización de la jornada laboral.
A través de un extenso análisis en sus redes sociales, la expresidenta cuestionó el desfile de políticas cambiarias contradictorias del oficialismo, advirtió sobre la caída del consumo y denunció que, por primera vez en dos décadas, la inversión extranjera directa arroja saldos negativos mientras las multinacionales abandonan el país.
El oficialismo, con el respaldo clave del PRO y sectores de la UCR, avanzó en la Cámara de Diputados con un proyecto de ley que elimina las garantías de financiamiento para la educación superior y el sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad, generando una fuerte reacción de los sectores afectados.
Los mandatarios provinciales se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones para unificar reclamos por deudas de coparticipación, parálisis de la obra pública y el desvío de fondos previsionales, advirtiendo que el modelo económico nacional pone en riesgo la viabilidad de los territorios.
El oficialismo consiguió el dictamen de mayoría para el proyecto de Presupuesto 2026, que incluye la derogación de financiamiento específico para áreas sensibles como educación superior y asistencia a personas con discapacidad, además de la eliminación de fondos clave para el emblemático Hospital Garrahan.
El proyecto de reforma laboral no solo flexibiliza el régimen de trabajo, sino que introduce una polémica modificación fiscal que elimina el Impuesto a las Ganancias para 144 corporaciones en 2026, un monto que supera el doble del presupuesto de Ciencia y Técnica.
La ministra de Seguridad fue denunciada penalmente ante el juez Ariel Lijo por presunto lavado de activos. La acusación detalla que la maniobra, por 20 millones de dólares, se habría realizado a través de su hijo y su socio mediante una conocida cadena de bares y confiterías.
Gisela Scaglia, segunda autoridad provincial, se alineó con la celebración del oficialismo nacional por el triunfo ultraconservador de José Antonio Kast en Chile, una postura que le valió durísimas críticas de la oposición santafesina, que cuestionó su apoyo a una figura de la extrema derecha.
Miles de ciudadanos desbordaron las calles de las principales ciudades brasileñas para expresar su rechazo al proyecto de ley que busca beneficiar a los responsables del intento de golpe de Estado de 2023, en una jornada que unió el reclamo político con la presencia de figuras icónicas de la cultura nacional.
Los mandatarios provinciales se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones para unificar reclamos por deudas de coparticipación, parálisis de la obra pública y el desvío de fondos previsionales, advirtiendo que el modelo económico nacional pone en riesgo la viabilidad de los territorios.
El oficialismo, con el respaldo clave del PRO y sectores de la UCR, avanzó en la Cámara de Diputados con un proyecto de ley que elimina las garantías de financiamiento para la educación superior y el sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad, generando una fuerte reacción de los sectores afectados.
A través de un extenso análisis en sus redes sociales, la expresidenta cuestionó el desfile de políticas cambiarias contradictorias del oficialismo, advirtió sobre la caída del consumo y denunció que, por primera vez en dos décadas, la inversión extranjera directa arroja saldos negativos mientras las multinacionales abandonan el país.