La acusación se formalizó personalmente ante el juez federal Sebastián Casanello y apunta a presuntos delitos graves: intimidación pública, atentado contra el orden público, amenaza de rebelión y discriminación institucional.
Villarruel sostiene que Negre promovió una campaña coordinada en redes y medios para desacreditarla, en la que la acusó repetidamente de “traición” a Milei y de conspirar contra el orden institucional. La vicepresidenta señala que estas acciones generan un clima de hostigamiento público e incluso instan a la desestabilización del sistema democrático.
La denuncia incluye una segunda presentación donde se apunta a otros aliados mediáticos del oficialismo, entre ellos la diputada Lilia Lemoine y el escritor Nicolás Márquez, acusándolos de hostigamiento sistemático, mensajes de odio, insultos, improperios e incitación a la violencia contra su persona y su función como titular del Senado.
Villarruel advierte que se trata de una ofensiva política e institucional: propone investigar si estos ataques reciben financiamiento estatal y solicita que se exhiban pruebas de fuentes, financiamiento o coordinación desde estructuras de poder. Procesos de amenaza y desestabilización política que, según la denuncia, pueden convertir el ejercicio público en un objetivo de grupos internos.
En respuesta, Javier Negre rechazó la denuncia como un disparate. Denunció que Villarruel busca encarcelarlo y expulsarlo del país por su nacionalidad española. Negre aseguró que solo ejerce su derecho a la libertad de prensa y acusó a la vicepresidenta de intentar amordazar voces críticas con mecanismos autoritarios similares a los que le atribuye al kirchnerismo.
Según declaró, su acusación no es personal sino informativa: “La intimidación pública fue contar las traiciones políticas a Milei, la amenaza de rebelión denunciar el uso del Senado para dinamitar el equilibrio fiscal, y el atentado al orden público denunciar el funcionamiento opaco de ese poder”. Negre anunció que presentará una contradenuncia por calumnias y difamación contra Villarruel.
Este nuevo capítulo agudiza la crisis interna del oficialismo, que ya atraviesa una relación tensa entre Milei y su vicepresidenta desde inicios de 2025. El enfrentamiento escaló desde discrepancias políticas hasta declaraciones cruzadas en medios y redes sobre quién sostiene o traiciona el proyecto de gobierno.
La movida judicial de Villarruel representa una estrategia para frenar una serie de agresiones mediáticas que, según su equipo, exceden lo informativo y buscan erosionar su posición institucional. Reclama además tutela legal por amenazas que afectan su rol como segundo poder del Estado, y exige que el sistema judicial intervenga frente a posibles maniobras de desestabilización política.
En contraste, Negre insiste en que actuó como un periodista independiente que no recibe pauta oficial, y que su medio representa una crítica legítima del gobierno desde una posición aliada, pero no parte de la institucionalidad oficial estatal.
Este conflicto marca un punto de inflexión: por primera vez una vicepresidenta denuncia sistemáticamente a periodistas y figuras mediáticas por atentados institucionales, un escenario hasta hace poco inédito en el entorno libertario de gobierno.
En los próximos días, se espera que el juez Casanello reciba la pericia contable, recogida de redes y declaraciones formales que permitan avanzar en la investigación. El desenlace judicial podría definir si estas acusaciones se traducen en citaciones formales, medidas cautelares o una causa penal con impacto político.
