El Gobierno de Javier Milei eliminó cerca de mil normativas del INV, desmantelando el control estatal sobre el proceso productivo del vino. La medida, que busca flexibilizar a la industria, traslada la responsabilidad de la calidad del viñedo al embotellado, confiando en la autorregulación de un sector golpeado por la crisis y el recuerdo de graves antecedentes de adulteración.
Nacionales07/11/2025
La Mecha EncendidaMendoza / San Juan - El Gobierno Nacional ejecutó una profunda desregulación en la industria vitivinícola al derogar 973 normas del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). La medida, oficializada en el Boletín Oficial, redefine radicalmente el rol histórico del organismo, que dejará de fiscalizar el proceso productivo desde la vid hasta el vino intermedio, para concentrar su labor exclusivamente en verificar la calidad del producto final embotellado.
La reforma, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, busca simplificar los procesos productivos y "devolver la libertad a la industria". Sturzenegger defendió la decisión afirmando que "menos burocracia es menos corrupción" y que el Estado dejará de "interferir en la producción de las bodegas". Con esto, se eliminarán unas 5.000 fiscalizaciones presenciales al año.
El nuevo esquema implica que procesos como la certificación de origen, añada o varietal dejan de ser obligatorios y pasan a ser opcionales. La trazabilidad y autenticidad del vino quedan, en gran medida, bajo la responsabilidad de la industria, y el INV solo podrá tomar muestras del producto terminado para verificar su aptitud para el consumo. La medida alcanza a toda la cadena, desde productores de uvas y bodegas hasta exportadores e importadores.
Si bien el Gobierno argumenta que la medida era un reclamo constante del sector y que la inmensa mayoría de las bodegas no tiene problemas, la decisión no es ajena a la controversia. El antecedente de vino adulterado en el pasado, que causó graves problemas de salud y muertes —situaciones que históricamente motivaron el estricto control estatal del INV a lo largo de toda la cadena—, genera preocupación en algunos sectores, incluyendo las provincias que temen una pérdida de estándares de calidad y la confianza de los mercados internacionales que suelen exigir certificaciones de origen.
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