La Mecha EncendidaLa Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina) arremetió contra las licitaciones impulsadas por el Ministerio de Economía, asegurando que se busca triplicar la cantidad de peajes en las rutas nacionales, entregando 1.800 kilómetros de caminos a empresas privadas "a cambio de nada" sustancial.
La polémica se desató en torno al plan de privatización de la Red Federal de Concesiones anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, que incluye la licitación de unos 1.800 kilómetros de rutas nacionales, entre ellas corredores clave como las autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza-Cañuelas. La Fepevina, el gremio que agrupa a los trabajadores de Vialidad Nacional, denunció que este proceso es una entrega de los caminos a empresarios con requisitos mínimos, y que no garantizará mejoras en la infraestructura vial del país.
Según la Federación, el plan actual prevé que las estaciones de peaje pasen de las 24 actuales a 63, lo que significa habilitar cerca de 40 nuevos peajes, es decir, uno cada 80 o 90 kilómetros, en un país donde las rutas alternativas no aranceladas son escasas, afectando el principio constitucional de "libre tránsito".
El gremio alertó que las licitaciones, a diferencia de las ideas iniciales de concesionar un total de 9.100 kilómetros, han modificado drásticamente sus condiciones. Fabián Cattanzaro, secretario gremial de Fepevina, señaló que los pliegos actuales son laxos, ya que no exigen a los oferentes tener experiencia previa en el rubro ni poseer el personal o los equipos necesarios; basta con contar con avales bancarios para participar.
Cattanzaro profundizó en la crítica al señalar que el Estado está financiando obras y garantizando ingresos a los privados a través de mecanismos como un fideicomiso pyme y créditos del BICE. "Caputo está dando todo servido a las empresas a cambio de tareas básicas, como corte de pasto y bacheo, por lo cual las rutas no van a tener una mejora sustantiva", afirmó el referente sindical.
Las concesiones se otorgan por un plazo extenso de 20 o 30 años, y las licitaciones no incluyen obras de infraestructura de fondo, como la ampliación de calzadas o mejoras en puentes. Los trabajadores de Vialidad Nacional interpretan estas ventajas otorgadas a las empresas como un intento de garantizar el negocio al "club de peaje" ante las dificultades de la macroeconomía, y ocurre luego de un año en el que la DNV ha sufrido recortes de recursos y un congelamiento salarial.
