
El Tribunal Federal de Rosario absuelve a los acusados por la represión del Villazo
La Mecha EncendidaPor mayoría, el Tribunal Oral Federal 1 de Rosario absolvió a los 17 imputados en la causa por los crímenes cometidos durante la represión del Villazo, entre ellos exdirectivos de la empresa Acindar. La decisión generó fuertes críticas de organismos de derechos humanos y sectores sindicales.

Tras más de cuatro décadas de reclamos y una larga batalla judicial, el Tribunal Oral Federal 1 de Rosario dictó este martes la absolución de los 17 acusados en el juicio por la represión del llamado Villazo, una histórica movilización obrera ocurrida en 1974 en la ciudad de Villa Constitución, provincia de Santa Fe. El fallo beneficia a exmiembros de las fuerzas de seguridad y a antiguos responsables de la empresa siderúrgica Acindar, señalada como parte del entramado represivo contra los trabajadores metalúrgicos.
La empresa, que en aquel entonces tuvo entre sus principales ejecutivos a José Alfredo Martínez de Hoz, posteriormente ministro de Economía de la dictadura militar (1976–1981), fue acusada de haber facilitado las detenciones ilegales de obreros sindicalizados y de haber permitido el funcionamiento de un centro clandestino de detención dentro de sus instalaciones.
Organismos de derechos humanos y representantes del movimiento obrero repudiaron la sentencia, calificándola como un nuevo gesto de impunidad. En un comunicado difundido tras conocerse el veredicto, distintas agrupaciones señalaron que “no es casual que el movimiento obrero organizado siga siendo blanco de la represión y de la negación de justicia”.
El presidente del tribunal, cuyo voto resultó en disidencia, sostuvo que los hechos investigados constituyeron delitos de lesa humanidad, y propuso condenas para varios de los imputados. Su postura dejó en evidencia las contradicciones internas del fallo y abrió la puerta a una posible apelación por parte de las querellas.
Las organizaciones que impulsan el proceso anticiparon que continuarán con la batalla judicial en instancias superiores, en busca de una condena que reconozca la responsabilidad de los autores materiales e intelectuales de la represión al movimiento obrero metalúrgico.


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