
El 18 de julio de 2025, el gobierno de Javier Milei anunció la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa estatal que provee agua potable y cloacas a la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano.
El Banco Nación anunció el cierre de 60 sucursales como parte de su Plan Estratégico 2024‑2027. La medida, presentada como una decisión de eficiencia operativa, forma parte del recorte fiscal que impulsa el gobierno de Javier Milei.
Nacionales24/06/2025 REDACCIÓN LMEEl Banco Nación anunció el cierre de 60 sucursales como parte de su Plan Estratégico 2024‑2027. La medida, presentada como una decisión de eficiencia operativa, forma parte del recorte fiscal que impulsa el gobierno de Javier Milei. Según la entidad, el objetivo es reducir gastos y modernizar su estructura. Con este ajuste, se proyecta un ahorro superior a los 1.000 millones de pesos anuales.
La reducción de sucursales afecta la atención presencial en distintas regiones del país. Muchas de ellas cumplen funciones clave en comunidades alejadas de los grandes centros urbanos. El cierre implica también la transformación de 45 centros PyME, que dejarán de operar en forma tradicional para funcionar como unidades móviles que “saldrán a buscar clientes”. Aunque esta propuesta se presenta como innovación, reduce el acceso al crédito y asesoramiento que requieren pequeñas y medianas empresas, cooperativas y trabajadores.
Este cambio se enmarca en una lógica más amplia del gobierno nacional: achicar el Estado, transformar estructuras públicas y trasladar funciones hacia esquemas de mercado. La gestión Milei ya había intentado convertir el Banco Nación en sociedad anónima, aunque esa iniciativa fue frenada por la Justicia. Sin embargo, la línea de fondo persiste. Las sucursales que se cierran están principalmente en zonas donde el acceso a servicios financieros ya es limitado, lo que amplía las brechas territoriales.
Históricamente, el Banco Nación ha sido una herramienta del Estado para canalizar crédito hacia sectores productivos y garantizar acceso a servicios bancarios. Desde su fundación en 1891, se concibió como una institución orientada a equilibrar el desarrollo económico del país. El recorte actual tensiona ese objetivo y privilegia la lógica de rentabilidad inmediata.
Mientras el gobierno destaca el ahorro mensual en alquileres y su apuesta por la “eficiencia”, distintos sectores advierten por la pérdida de empleo bancario y la desconexión entre el banco y las comunidades a las que debería servir. La estrategia no solo redefine el papel del Nación, sino que también refleja el tipo de Estado que se busca construir: uno que se retira de territorios donde su presencia sigue siendo necesaria.
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