En 2024, el impuesto a los combustibles recaudó un total de $2,5 billones, lo que representa un crecimiento del 33,9% interanual en términos reales, según datos oficiales. Sin embargo, a pesar de este significativo incremento, la ejecución de obras viales sigue siendo insuficiente, lo que ha generado preocupación sobre la seguridad en las rutas del país.
De acuerdo con la Ley N° 23.966, el 28,58% de lo recaudado por este impuesto debe destinarse al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte. Este año, el fondo recibió $619 mil millones, de los cuales $309 mil millones estaban asignados a Vialidad Nacional para obras en la red vial nacional, que abarca 40.000 kilómetros. No obstante, solo se transfirieron y ejecutaron $149 mil millones, menos de la mitad del monto asignado.
Esta subejecución se refleja en la lenta construcción de autopistas y autovías, así como en la falta de inversión en rutas seguras. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, se proyecta que los impuestos al combustible recauden 5,5 billones de pesos en 2025. La pregunta que surge es si el gobierno utilizará estos fondos de manera adecuada o continuará con la subejecución de obras viales.
Además, se ha observado que el gobierno ha suspendido obras con más del 70% de avance en diversas provincias, lo que ha sido criticado como una falta de compromiso con el federalismo y la infraestructura nacional. Entre las obras afectadas se encuentran tramos de la Ruta Nacional N°18 en Entre Ríos, la Ruta Nacional N°60 en Córdoba y la Ruta Nacional N°40 en Mendoza, entre otras.
La situación ha generado un debate sobre la priorización de los recursos y la necesidad de mejorar la seguridad vial en el país. Mientras tanto, la sociedad espera que los fondos recaudados se utilicen de manera eficiente para garantizar la construcción y mantenimiento de una red vial segura y moderna.
