La represión, que incluyó la participación de casi 900 efectivos de diversas fuerzas de seguridad, dejó imágenes impactantes de violencia policial que fueron transmitidas en vivo por los medios de comunicación.
Entre los manifestantes se encontraban figuras políticas como Axel Kicillof y Pablo Moyano, quienes fueron identificados en el informe del Ministerio de Seguridad, lo que subraya un clima de creciente tensión entre el gobierno y la oposición. Mientras tanto, los manifestantes denunciaron que las fuerzas de seguridad actuaron con impunidad y que el operativo fue diseñado para intimidar y disuadir las protestas pacíficas.
A pesar de la represión, los jubilados y diversas organizaciones sociales han continuado protestando en contra del veto de Milei. Líderes sindicales y agrupaciones de izquierda se sumaron a la marcha, mostrando su rechazo a una medida que consideran perjudicial para los derechos de los jubilados. La violencia desatada durante la manifestación ha generado críticas tanto nacionales como internacionales, destacando la respuesta de Amnistía Internacional que condenó el uso de la fuerza contra menores y manifestantes desarmados.
El gobierno, en tanto, ha defendido su actuación y el veto en cuestión, argumentando la necesidad de mantener el superávit fiscal. Milei celebró el apoyo de los legisladores que ratificaron el veto, calificándolos como "héroes" por frenar lo que considera un gasto innecesario del Estado. Esta postura ha intensificado las críticas de los sectores afectados, que denuncian una falta de sensibilidad social por parte del gobierno.
En las redes sociales, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se enfocó en justificar el accionar policial y criticó a los padres que llevaron a sus hijos a la marcha, en lugar de asumir responsabilidad por el uso de la fuerza. Estas declaraciones han sido ampliamente cuestionadas por organizaciones de derechos humanos que insisten en que la violencia no debe ser la respuesta a las manifestaciones pacíficas.
Mientras la tensión continúa, las organizaciones sociales y sindicales han prometido mantener la presión en las calles y en el Congreso, donde se sigue debatiendo sobre la legalidad y el impacto del veto presidencial. Esta situación refleja un clima de creciente polarización en Argentina, donde el manejo de la protesta social se ha convertido en un foco de controversia política y social.
