La Mecha EncendidaNicolás Maduro Moros compareció por primera vez ante la justicia de los Estados Unidos en el inicio de un proceso judicial que lo señala como responsable de una red de tráfico de estupefacientes a escala global. El juicio, radicado en el Distrito Sur de Nueva York, se lleva a cabo tras la intervención militar estadounidense en Caracas que culminó con su detención y traslado forzoso. En su comparecencia inicial, el mandatario venezolano rechazó las acusaciones que lo vinculan con el tráfico de cocaína y la colaboración con grupos armados irregulares, afirmando ser víctima de una persecución política orientada a facilitar el control externo sobre los recursos energéticos de su país.
La defensa de Maduro, compuesta por abogados asignados para el proceso en suelo estadounidense, planteó desde el inicio la ilegalidad de la captura y el desconocimiento de la inmunidad que le corresponde por su cargo de jefe de Estado. El tribunal, sin embargo, desestimó estos planteos basándose en las órdenes de captura emitidas por el Departamento de Justicia en 2020, las cuales ofrecían una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su detención. El proceso se desarrolla bajo un régimen de seguridad que incluye perímetros militares alrededor de la corte y restricciones absolutas a la prensa internacional no acreditada por el sistema federal.
Durante la audiencia, los fiscales presentaron los lineamientos de la acusación, sosteniendo que la estructura estatal venezolana fue utilizada para proteger el tránsito de drogas hacia los Estados Unidos a cambio de financiamiento para sostener el aparato político-militar de la nación sudamericana. Maduro, por su parte, utilizó sus breves intervenciones para definirse como un "hombre decente" y reiterar su inocencia, calificando el juicio como una "farsa jurídica" montada sobre la base de testimonios de colaboradores premiados y agentes encubiertos. La fiscalía ha anunciado que presentará grabaciones y documentos incautados durante la ocupación militar para intentar probar la conexión directa del mandatario con las operaciones de contrabando.
El inicio de este juicio marca un precedente en el ordenamiento jurídico internacional, al procesar a un presidente en ejercicio capturado mediante una incursión armada extranjera. Mientras en las afueras del tribunal se registran manifestaciones a favor y en contra del proceso, la administración de Donald Trump monitorea el avance del caso como una validación de su política de intervención directa. El calendario judicial prevé meses de audiencias en los que se debatirá la veracidad de los cargos de narcoterrorismo, mientras el gobierno de ocupación en Venezuela avanza en la reestructuración de la industria petrolera bajo la supervisión de contratistas vinculados a Washington.
