Es en la causa que investiga el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La magistrada tiene un trabajo rentado que depende del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Así lo resolvió el juez de ese Tribunal de Apelaciones, Leopoldo Bruglia, también ligado al macrismo.
Nacionales06/02/2023 REDACCIÓN LMELa Cámara Federal porteña volvió a rechazar hoy la recusación de la jueza María Eugenia Capuchetti en la causa que investiga el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, solicitada por los abogados de la exmandataria luego de que se conociera que la magistrada tiene un trabajo rentado en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), que depende del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.
Así lo resolvió el juez de ese Tribunal de Apelaciones, Leopoldo Bruglia, quien desestimó los planteos hechos por los apoderados de la Vicepresidenta en esa investigación, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, según la resolución a la que tuvo acceso Télam.
Los letrados pidieron que se aparte a la magistrada de la causa que investiga el intento de magnicidio por "actividades incompatibles" con su función, vinculadas con una tarea rentada en el Instituto Superior de Seguridad Pública de la ciudad de Buenos Aires desde 2014.
En una audiencia ante el juez -realizada el jueves pasado de manera presencial-, los abogados argumentaron que Capuchetti "estaría cobrando un sueldo por parte de un organismo que debería ser investigado en estas actuaciones, demostrando ello un interés en el proceso".
La querella remarcó que además "no sólo se trata de tareas incompatibles con su función" sino que marcarían "un vínculo que solo se explica como una contraprestación para tener llegada al juzgado a su cargo” por parte de un área que debería ser investigada en la causa, vinculada a la policía de la Ciudad de Buenos Aires y al Ministerio de Seguridad porteño.
El camarista Bruglia rechazó los argumentos al sostener que son "ajenos" al proceso y responden a la "creación de hipotéticos escenarios alejados de cualquier circunstancia objetivamente comprobable que pueda revestir aptitud suficiente para justificar el apartamiento de un magistrado".
El juez evaluó que no se probó que "la actividad académica enunciada pueda determinar un interés en el resultado de este proceso por parte de la Dra. Capuchetti y/o provocar un temor de parcialidad que amerite su apartamiento".
"El ejercicio de la docencia o la participación en trabajos de investigación como los descriptos -en principio- no se encuentran vedados para los magistrados y, en caso de verificarse alguna falencia administrativa y/o irregularidades en el contexto de posibles incompatibilidades genéricas, su tratamiento resulta extraño al instituto invocado y debería ser canalizado por demás vías administrativas específicas", concluyó.
Fuentes: https://infonews.com/capuchetti-larreta-bruglia-comodoro-py-cristina-atentado.html
A pocos días de finalizar el año, las estadísticas oficiales revelan una crisis de seguridad vial sin precedentes, consolidando a los siniestros de tránsito como la segunda causa de muerte violenta en el país, solo por detrás de los homicidios.
Un reciente informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) revela que la pobreza en el país escaló al 67%, reflejando el impacto de las políticas de ajuste extremo y la pérdida de acceso a derechos básicos como salud, vivienda y educación.
Frente al avance de discursos que priorizan el mérito personal sobre el bienestar colectivo, un grupo de recolectores de residuos en el interior bonaerense transformó su aguinaldo en una cena navideña para cientos de vecinos, activando una red de donaciones espontáneas que reafirma la vigencia de los lazos comunitarios en el país.
La excarcelación del excomisario condenado por crímenes de lesa humanidad generó una fuerte reacción social, encabezada por Analía Kalinec, quien denunció que su padre carece de arrepentimiento por las torturas cometidas y advirtió sobre el peligro de su reinserción en la comunidad.
En medio de un fuerte hermetismo oficial, la entidad monetaria informó que no posee registros administrativos de la colocación de lingotes en centros financieros internacionales, lo que desató una crisis de transparencia y una intimación judicial para que se revele el destino final de los activos nacionales.
La decisión fue adoptada tras un amparo del Consejo Universitario Nacional. El juez actuante señaló que la suspensión de la ley por decreto presenta rasgos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”.
Los registrados -públicos más privados formales- subieron 2 por ciento, contra un IPC que en ese período fue del 2,3 por ciento, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos.
A través de la Resolución 957/25 de la ANAC, el Gobierno eliminó la obligatoriedad de informar los trayectos de cabotaje para vuelos particulares, una medida que genera fuertes cruces entre la promesa de libertad operativa y las advertencias sobre la seguridad y el control del espacio aéreo.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina revela una caída histórica de puestos de trabajo en sectores clave como educación y administración bajo la gestión de Maximiliano Pullaro, mientras se triplican los cargos jerárquicos y se profundiza el conflicto laboral en municipios y empresas del Estado.
La Central Obrera Boliviana encabezó una multitudinaria marcha en rechazo a las medidas impuestas por el Ejecutivo que eliminan los subsidios a los combustibles y abren la puerta a la privatización de recursos estratégicos, profundizando el conflicto entre los sindicatos y el modelo neoliberal.
El reciente descarrilamiento de una formación ferroviaria en el área metropolitana pone de relieve las consecuencias de la paralización de las obras públicas y el cese de la inversión estatal, dejando a la ciudad expuesta a accidentes que podrían evitarse con la culminación de la infraestructura proyectada.
A pocos días de finalizar el año, las estadísticas oficiales revelan una crisis de seguridad vial sin precedentes, consolidando a los siniestros de tránsito como la segunda causa de muerte violenta en el país, solo por detrás de los homicidios.
Se acerca el año 2026 y se suelen hacer balances en todos los niveles de nuestra vida, donde la actividad de las organizaciones políticas, sindicales, sociales, intermedias y comunitarias debería estar incluida en los mismos.