La Cámara Federal porteña volvió a rechazar hoy la recusación de la jueza María Eugenia Capuchetti en la causa que investiga el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, solicitada por los abogados de la exmandataria luego de que se conociera que la magistrada tiene un trabajo rentado en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), que depende del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.
Así lo resolvió el juez de ese Tribunal de Apelaciones, Leopoldo Bruglia, quien desestimó los planteos hechos por los apoderados de la Vicepresidenta en esa investigación, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, según la resolución a la que tuvo acceso Télam.
Los letrados pidieron que se aparte a la magistrada de la causa que investiga el intento de magnicidio por "actividades incompatibles" con su función, vinculadas con una tarea rentada en el Instituto Superior de Seguridad Pública de la ciudad de Buenos Aires desde 2014.
En una audiencia ante el juez -realizada el jueves pasado de manera presencial-, los abogados argumentaron que Capuchetti "estaría cobrando un sueldo por parte de un organismo que debería ser investigado en estas actuaciones, demostrando ello un interés en el proceso".
La querella remarcó que además "no sólo se trata de tareas incompatibles con su función" sino que marcarían "un vínculo que solo se explica como una contraprestación para tener llegada al juzgado a su cargo” por parte de un área que debería ser investigada en la causa, vinculada a la policía de la Ciudad de Buenos Aires y al Ministerio de Seguridad porteño.
El camarista Bruglia rechazó los argumentos al sostener que son "ajenos" al proceso y responden a la "creación de hipotéticos escenarios alejados de cualquier circunstancia objetivamente comprobable que pueda revestir aptitud suficiente para justificar el apartamiento de un magistrado".
El juez evaluó que no se probó que "la actividad académica enunciada pueda determinar un interés en el resultado de este proceso por parte de la Dra. Capuchetti y/o provocar un temor de parcialidad que amerite su apartamiento".
"El ejercicio de la docencia o la participación en trabajos de investigación como los descriptos -en principio- no se encuentran vedados para los magistrados y, en caso de verificarse alguna falencia administrativa y/o irregularidades en el contexto de posibles incompatibilidades genéricas, su tratamiento resulta extraño al instituto invocado y debería ser canalizado por demás vías administrativas específicas", concluyó.
Fuentes: https://infonews.com/capuchetti-larreta-bruglia-comodoro-py-cristina-atentado.html
