Vicentin: los argumentos del fiscal para imputar a todos los directivos

La fiscalía, precisamente, consideró "acreditado", luego de una investigación de un año y medio, que los problemas financieros de la cerealera no se desencadenaron durante tres meses de furia de aquel año, sino que se arrastraban desde 2017. Y que fueron ocultados a los acreedores financieros y granarios para seguir recibiendo préstamos y granos.

Por eso, si en el transcurso del juicio se demuestra esta acusación, las penas que podrían caber a algunos de los responsables de la compañía podrían llegar hasta los 50 años, según señalaron desde el Ministerio Público.

La audiencia imputativa realizada en el Centro de Justicia Penal tuvo asistencia casi perfecta de los imputados. Estuvieron Daniel Buyatti; Alberto Macua, Roberto Gazze, Máximo Padoan, Cristian Padoan, Martín Colombo, Sergio Vicentin, Pedro Vicentin, Roberto Vicentin, Yanina Boschi y Miguel Vallatta y el síndico Omar Scarel. Sólo faltó Raúl González Arcelus.

A pedido de la defensa, que requirió tiempo para evaluar 36 millones de archivos electrónicos entregados a última hora como parte de la evidencia digital, el trámite procesal se dividió en dos. El fiscal leyó las imputaciones y el jueves a primera hora, luego de la exposición de los abogados defensores, se pedirán las medidas cautelares. Moreno ya confirmó que habrá pedido de prisión preventiva para algunos de los acusados, en prevención de maniobras de entorpecimiento de prueba.

 Los hechos imputados tienen su origen en denuncias de cinco bancos extranjeros que otorgaron préstamos a Vicentin por un total de casi u$s 500 millones para prefinanciar exportaciones, en la presentación similar del Banco Macro; y en la querella de empresas agropecuarias que entregaron granos a la cerealera y que nunca los cobraron, con el agravante de que esta mercadería era recibida hasta apenas horas antes del default. Se suma una denuncia por apropiación indebida de impuestos contra uno de los directores.

La pregunta fundante del fiscal Moreno fue la misma que se realizaron distintos veedores y auditores que participaron del concurso preventivo de la cerealera, y que pueden resumirse en el informe final de la auditoría forense que encabezó el especialista Daniel Abelovich: ¿qué llevó a una empresa que en sus estados contables y en sus comunicaciones públicas mostraba solidez y expansión económica a desbarrancarse en tres meses, cuando perdió patrimonio por más de u$s 800 millones?

La respuesta de la auditoría, de los querellantes y del fiscal es que el desmoronamiento de la cerealera no fue súbito, sino que la declaración de estrés financiero, la apertura del concurso y la presentación tardía (nueve meses después de abrirse el proceso de convocatoria) transparentaron una situación financiera muy comprometida que se arrastraba desde hacía unos dos años.

En la denuncia señalan que esas dificultades se ocultaban a los acreedores a través de distintos mecanismos. Uno de los más relevantes era el de no contabilizar en el pasivo la recepción de granos contratada bajo la modalidad de precio a fijar, que habían sido recibidos desde los proveedores comerciales para ser procesados y vendidos al exterior o al mercado interno, y que no fueron pagados.

Así, citó Moreno a la auditoría forense, en un análisis de los estados contables presentados a los bancos extranjeros durante once trimestres que van de 2016 a mitad de 2019, los activos corrientes de la compañía crecieron en 1.000 millones de dólares, por la mercadería que ingresaba, mientras que los pasivos se mantenían en niveles que les permitían mostrar ratios de solvencia y liquidez acordes a lo exigido por los estándares nacionales.

Conglomerado de empresas
Otra maniobra denunciada era compensar periódicamente los activos y pasivos entre Vicentin Saic, la empresa concursada, y la veintena de empresas vinculadas (non core), de modo de mostrar mejores números a la hora de la presentación de su información financiera a los bancos internacionales. Estos habían firmado contratos marco de préstamos con la cerealera, para ser usados con fines específicos. Y los desembolsos se realizaban periódicamente, siempre y cuando le dieran los números. Según el informe de la auditoría forense, mencionada en la imputativa, fue en los primeros meses de 2018, “en uno de los peores momentos, cuando se desembolsaron los montos más importantes”.

En ese punto, Moreno reafirmó que de la evidencia recogida en los allanamientos realizados en distintas oficinas de Vicentin surge de las conversaciones entre directores y ejecutivos de la firma una forma de considerar la tenencia de granos y los montos de deuda por precios a fijar diferentes a los que se reflejaban en los balances. También se tomó en cuenta la información provista por acreedores granarios para concluir que en 2017 y 2018, los previos al del default, no se “visibilizaron” contratos de compra venta de granos con precio a fijar por cerca de dos millones de toneladas en cada uno de los años.

Con estos datos puestos, al desandar el camino de atrás para adelante, a los pesquisas ya no les sorprende que en los tres meses previos al estrés financiero de diciembre de 2019, los inventarios de materia prima de la compañía cayeran de 1,7 millón de toneladas a 180 mil y que la deuda comercial registrara un aumento de 1.600% respecto de un año atrás, de u$s 32 millones a u$s 572 millones.

La creatividad para contabilizar activos y pasivos fue considerada por la Fiscalía como una maniobra destinada a engañar a los acreedores financieros. Y se suma a otros “eventos” denunciados, como el caso de ING que fue cobrarse la deuda con activos que Vicentin había cedido a Cargill y que se encontró con que ya habían cedido al fondo de inversión BAF, cercano a la cerealera.

Acreedores granarios
Pero las maniobras relacionadas con los contratos de compra venta de granos afectaron directamente a los acreedores comerciales. Commodities SA, con una acreencia de u$s56 millones, es el querellante de mayor envergadura de este segmento, en el juicio que se sustancia en los tribunales rosarinos. Cuatro Hojas, La Clementina, Olzen y Chapare fueron los denunciantes más tempraneros. La acusación más fuerte es que Vicentin les seguía recibiendo el grano hasta horas antes de declarar el estrés financiero, es decir cuando no lo podían pagar.

En el caso de Commodities, Moreno citó durante la imputación un caso que consideró extraño. Parte de lo que le debe Vicentin, unos u$s 19 millones, se generaron por granos entregados a Renova, la empresa que construyó en el Gran Rosario la planta con mayor capacidad de procesamiento del mundo, y de la que era propietaria hasta poco antes del “estrés”, junto a Glencore. Por esos días vendió su participación pero asumió la deuda con los acreedores granarios.

El fiscal de Delitos Económicos, en sintonía con los querellantes, aseguró que tienen probado que el grupo Vicentin, que involucra a la empresa concursada y las sociedades vinculadas con sede en el país y en el extranjero, estafaron a los acreedores y falsearon balances. En el caso del ex director Danial Buyatti, también le imputaron apropiación debida de impuestos.

El jueves se conocerán los argumentos de la defensa y se definirán los pedidos de medidas cautelares.