El diputado nacional y candidato a la reelección por el Frente de Todos sostuvo que, para mejorar la situación, "tiene que haber una recomposición de los ingresos y no sólo de los que tienen paritarias".
Nacionales14/09/2021 Redacción LMEEl diputado nacional y candidato a la reelección por el Frente de Todos (FdT) Hugo Yasky sostuvo este martes que, tras los resultados de las PASO del domingo, el Gobierno nacional tiene que "avanzar con una distribución de la riqueza" y afirmó que, para mejorar la situación, "tiene que haber una recomposición de los ingresos y no sólo de los que tienen paritarias".
"Pensando que quedan dos años, el Gobierno tiene que tomar medidas para avanzar con una distribución de la riqueza que permita que los sectores que todavía no advirtieron el cambio de orientación económica vean la recomposición de los ingresos", dijo Yasky en declaraciones a El Destape Radio.
Para el candidato, dentro de la política económica para los próximos dos meses debe haber "un aumento generalizado de salarios" y sostuvo que "no se puede seguir postergando el aumento del salario mínimo ni que los jubilados cobren por arriba de la inflación".
"Si hay ministros a los que algunas decisiones les producen vértigo, por supuesto tendría que haber cambios"
En tanto, consultado sobre la posibilidad de que se produzcan cambios en el Gabinete, Yasky opinó que, "si hay ministros a los que algunas decisiones les producen vértigo, por supuesto tendría que haber cambios".
“Si tenés seis meses de superávit fiscal y una marea de pobreza y la aguja no se mueve, tenés que replantearte las cosas y eso es lo que faltó", subrayó el legislador.
En este sentido, Yasky sostuvo que si bien "el Gobierno no tuvo los reflejos políticos necesarios para tomar las medidas que frene esa situación”, ahora debe trabajar en "construir un país que realmente sea distinto cuando termine el mandato".
Por otra parte, el candidato el FdT señaló que está próximo el Día de la Lealtad peronista -el próximo 17 de octubre- y planteó que tiene que haber una movilización popular para "asumir en este momento político un claro protagonismo de los sectores populares y profundizar las transformaciones.
La contratación directa de la empresa estatal israelí para la gestión estratégica de los recursos hídricos en la mitad del país ha despertado fuertes denuncias por la falta de licitaciones públicas, la ausencia de consultas populares y la entrega de información geológica crítica bajo cláusulas de confidencialidad y legislación extranjera.
En una madrugada de negociaciones febriles y giros inesperados, la oposición logró bloquear el intento del Gobierno de derogar normativas clave. Aunque el Presupuesto 2026 obtuvo media sanción en general, el artículo que buscaba desfinanciar a las universidades y eliminar la emergencia en discapacidad fue rechazado por el voto mayoritario de la Cámara Baja.
Un informe colaborativo estima en 21 billones de pesos anuales el flujo de recursos que dejarían de percibir los trabajadores para integrarse a la rentabilidad empresarial, impulsado por cambios drásticos en el cálculo de indemnizaciones, la eliminación de presunciones de empleo y la flexibilización de la jornada laboral.
A través de un extenso análisis en sus redes sociales, la expresidenta cuestionó el desfile de políticas cambiarias contradictorias del oficialismo, advirtió sobre la caída del consumo y denunció que, por primera vez en dos décadas, la inversión extranjera directa arroja saldos negativos mientras las multinacionales abandonan el país.
El oficialismo, con el respaldo clave del PRO y sectores de la UCR, avanzó en la Cámara de Diputados con un proyecto de ley que elimina las garantías de financiamiento para la educación superior y el sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad, generando una fuerte reacción de los sectores afectados.
Los mandatarios provinciales se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones para unificar reclamos por deudas de coparticipación, parálisis de la obra pública y el desvío de fondos previsionales, advirtiendo que el modelo económico nacional pone en riesgo la viabilidad de los territorios.
El oficialismo consiguió el dictamen de mayoría para el proyecto de Presupuesto 2026, que incluye la derogación de financiamiento específico para áreas sensibles como educación superior y asistencia a personas con discapacidad, además de la eliminación de fondos clave para el emblemático Hospital Garrahan.
El proyecto de reforma laboral no solo flexibiliza el régimen de trabajo, sino que introduce una polémica modificación fiscal que elimina el Impuesto a las Ganancias para 144 corporaciones en 2026, un monto que supera el doble del presupuesto de Ciencia y Técnica.
Gisela Scaglia, segunda autoridad provincial, se alineó con la celebración del oficialismo nacional por el triunfo ultraconservador de José Antonio Kast en Chile, una postura que le valió durísimas críticas de la oposición santafesina, que cuestionó su apoyo a una figura de la extrema derecha.
Miles de ciudadanos desbordaron las calles de las principales ciudades brasileñas para expresar su rechazo al proyecto de ley que busca beneficiar a los responsables del intento de golpe de Estado de 2023, en una jornada que unió el reclamo político con la presencia de figuras icónicas de la cultura nacional.
En una madrugada de negociaciones febriles y giros inesperados, la oposición logró bloquear el intento del Gobierno de derogar normativas clave. Aunque el Presupuesto 2026 obtuvo media sanción en general, el artículo que buscaba desfinanciar a las universidades y eliminar la emergencia en discapacidad fue rechazado por el voto mayoritario de la Cámara Baja.
La contratación directa de la empresa estatal israelí para la gestión estratégica de los recursos hídricos en la mitad del país ha despertado fuertes denuncias por la falta de licitaciones públicas, la ausencia de consultas populares y la entrega de información geológica crítica bajo cláusulas de confidencialidad y legislación extranjera.
La reciente escalada de Donald Trump contra Venezuela, que incluye un bloqueo naval y la exigencia de "devolver" derechos petroleros históricos, marca la consolidación de una doctrina que considera a la inversión privada estadounidense como una extensión de la propiedad estatal de EE. UU., poniendo en jaque la autonomía de toda la región frente a sus recursos estratégicos.