
Hito científico en el Conurbano: La UNAHUR suma la primera computadora cuántica universitaria
La Universidad Nacional de Hurlingham incorporó un equipamiento inédito que posiciona a la educación pública argentina a la vanguardia tecnológica.
Serán 6 cuotas de $5.000 desde octubre hasta febrero de 2021 e incorporan a los salarios básicos el aporte solidario de $4000 fijado por decreto y $2.000 que había sellado el sindicato en febrero.
Nacionales08/10/2020
Martín Orellano
La Federación Argentina de Empleados de Comercio (Faecys) y las cámaras empresarias acordaron su negociación paritaria. La figura pactada fue una "gratificación extraordinaria, no remunerativa", de $30.000 en 6 cuotas.
El acuerdo lo rubricaron la Faecys, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (Udeca)

Además, según se había negociado antes de la “etapa crítica de la paritaria” el bono de $4.000 del decreto 14/2020 y los $2.000 pactados en el rubro mercantil de febrero que se incorporarán al básico.
"Se logró un acuerdo en la paritaria del gremio más grande del país, en el contexto de una pandemia que jaqueó a la economía. Es un momento adverso para la actividad mercantil, pero se obtuvo una importante mejora para más de un millón de empleados", resumió el titular de la Facecys Armando Cavalieri.
Además el sindicato de Comercio acordó con las patronales que el bono de $ 5.000 que impulsa el Gobierno será abonado en cinco cuotas consecutivas de $ 1.000 a partir del sueldo de septiembre.

En un encuentro entre Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, a cargo de Armando Cavalieri, y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la Confederación Argentina de la Pequeña y Mediana Empresa y la Unión de Entidades Comerciales Argentina, se acordó el pago del monto no remunerativo que oficializó este jueves el Gobierno.

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La contratación directa de la empresa estatal israelí para la gestión estratégica de los recursos hídricos en la mitad del país ha despertado fuertes denuncias por la falta de licitaciones públicas, la ausencia de consultas populares y la entrega de información geológica crítica bajo cláusulas de confidencialidad y legislación extranjera.

En una madrugada de negociaciones febriles y giros inesperados, la oposición logró bloquear el intento del Gobierno de derogar normativas clave. Aunque el Presupuesto 2026 obtuvo media sanción en general, el artículo que buscaba desfinanciar a las universidades y eliminar la emergencia en discapacidad fue rechazado por el voto mayoritario de la Cámara Baja.

Un informe colaborativo estima en 21 billones de pesos anuales el flujo de recursos que dejarían de percibir los trabajadores para integrarse a la rentabilidad empresarial, impulsado por cambios drásticos en el cálculo de indemnizaciones, la eliminación de presunciones de empleo y la flexibilización de la jornada laboral.

A través de un extenso análisis en sus redes sociales, la expresidenta cuestionó el desfile de políticas cambiarias contradictorias del oficialismo, advirtió sobre la caída del consumo y denunció que, por primera vez en dos décadas, la inversión extranjera directa arroja saldos negativos mientras las multinacionales abandonan el país.

El oficialismo, con el respaldo clave del PRO y sectores de la UCR, avanzó en la Cámara de Diputados con un proyecto de ley que elimina las garantías de financiamiento para la educación superior y el sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad, generando una fuerte reacción de los sectores afectados.

Los mandatarios provinciales se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones para unificar reclamos por deudas de coparticipación, parálisis de la obra pública y el desvío de fondos previsionales, advirtiendo que el modelo económico nacional pone en riesgo la viabilidad de los territorios.

El oficialismo consiguió el dictamen de mayoría para el proyecto de Presupuesto 2026, que incluye la derogación de financiamiento específico para áreas sensibles como educación superior y asistencia a personas con discapacidad, además de la eliminación de fondos clave para el emblemático Hospital Garrahan.

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En una jornada de calor extremo, la CGT, ambas CTA y la UTEP encabezaron una movilización frente a la Legislatura para denunciar un proyecto que consideran un avance sobre los derechos históricos y la "mercantilización" del trabajo.

Tras la aprobación legislativa de un beneficio que recortaría la condena de Jair Bolsonaro de 27 a apenas 5 años de prisión, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció que anulará la medida, sosteniendo que los ataques contra la democracia no pueden quedar impunes bajo conveniencias políticas.

Tras el trágico accidente en Arrufó que se cobró dos vidas, el senador Felipe Michlig anunció que llevará a la Justicia Federal al organismo nacional ante la falta de autorización para construir una rotonda estratégica en el cruce con la Ruta Provincial 39, una obra que ya cuenta con presupuesto y adjudicación por parte de la provincia de Santa Fe.

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