La Mecha EncendidaEl oficialismo, con el respaldo clave del PRO y sectores de la UCR, avanzó en la Cámara de Diputados con un proyecto de ley que elimina las garantías de financiamiento para la educación superior y el sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad, generando una fuerte reacción de los sectores afectados.
El avance del proyecto de Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados ha marcado un punto de inflexión en la política social y educativa de la administración nacional. Mediante la firma de un dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el oficialismo logró incluir la derogación de dos leyes fundamentales que garantizan derechos adquiridos por amplios sectores de la población: la Ley 24.901, que establece el Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, y la Ley 27.757 de Financiamiento Universitario. Esta maniobra legislativa, consolidada con el respaldo del bloque PRO, una fracción de la Unión Cívica Radical y el apoyo estratégico de gobernadores peronistas como Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo, representa un cambio de paradigma donde la disponibilidad presupuestaria se impone sobre la obligatoriedad de los derechos consagrados.
La derogación de la Ley 24.901 es uno de los puntos más sensibles de la propuesta gubernamental, ya que esta normativa es la que obliga al Estado y a las obras sociales a cubrir de manera integral tratamientos, traslados, medicación y apoyos para las personas con discapacidad. Al eliminar este blindaje legal, el sistema de prestaciones queda sujeto a las partidas arbitrarias que el Ejecutivo decida asignar año tras año, perdiendo la garantía de actualización que evitaba el desfinanciamiento del sector frente al aumento de costos. Organizaciones de la sociedad civil y cámaras de prestadores han advertido que esta medida pone en riesgo la continuidad de servicios vitales para miles de familias, transformando una política de Estado que cumple décadas en una variable de ajuste fiscal más, en un contexto de extrema vulnerabilidad.
En sintonía con este recorte, el proyecto oficialista también apunta contra la Ley de Financiamiento Universitario, la cual había sido aprobada por el Congreso para mitigar el impacto de la inflación en las casas de altos estudios. La eliminación de esta ley anula el mecanismo de actualización automática de los salarios docentes, no docentes y los gastos de funcionamiento, devolviendo al Poder Ejecutivo la potestad discrecional sobre el envío de fondos a las universidades nacionales. Para la comunidad educativa, este retroceso legislativo es la culminación de un año de conflictos, marchas federales y paros que buscaron asegurar un piso mínimo de operatividad para la educación pública.
Desde la oposición parlamentaria se denunció que el texto del presupuesto constituye una "sentencia de muerte" para la red de protección social argentina. Señalan que la eliminación de estas leyes no busca la eficiencia administrativa, sino la destrucción del marco jurídico que protege a los ciudadanos. Mientras tanto, el oficialismo defiende la medida como una necesidad imperiosa para alcanzar el déficit cero, argumentando que las leyes derogadas eran imposibles de financiar en el esquema macroeconómico actual. El debate ahora se traslada al recinto, donde se espera una sesión cargada de tensiones por el impacto que estas medidas tendrán en el territorio.
