El oficialismo, con el respaldo clave del PRO y sectores de la UCR, avanzó en la Cámara de Diputados con un proyecto de ley que elimina las garantías de financiamiento para la educación superior y el sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad, generando una fuerte reacción de los sectores afectados.
Nacionales17/12/2025
La Mecha EncendidaEl oficialismo, con el respaldo clave del PRO y sectores de la UCR, avanzó en la Cámara de Diputados con un proyecto de ley que elimina las garantías de financiamiento para la educación superior y el sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad, generando una fuerte reacción de los sectores afectados.
El avance del proyecto de Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados ha marcado un punto de inflexión en la política social y educativa de la administración nacional. Mediante la firma de un dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el oficialismo logró incluir la derogación de dos leyes fundamentales que garantizan derechos adquiridos por amplios sectores de la población: la Ley 24.901, que establece el Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, y la Ley 27.757 de Financiamiento Universitario. Esta maniobra legislativa, consolidada con el respaldo del bloque PRO, una fracción de la Unión Cívica Radical y el apoyo estratégico de gobernadores peronistas como Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo, representa un cambio de paradigma donde la disponibilidad presupuestaria se impone sobre la obligatoriedad de los derechos consagrados.
La derogación de la Ley 24.901 es uno de los puntos más sensibles de la propuesta gubernamental, ya que esta normativa es la que obliga al Estado y a las obras sociales a cubrir de manera integral tratamientos, traslados, medicación y apoyos para las personas con discapacidad. Al eliminar este blindaje legal, el sistema de prestaciones queda sujeto a las partidas arbitrarias que el Ejecutivo decida asignar año tras año, perdiendo la garantía de actualización que evitaba el desfinanciamiento del sector frente al aumento de costos. Organizaciones de la sociedad civil y cámaras de prestadores han advertido que esta medida pone en riesgo la continuidad de servicios vitales para miles de familias, transformando una política de Estado que cumple décadas en una variable de ajuste fiscal más, en un contexto de extrema vulnerabilidad.
En sintonía con este recorte, el proyecto oficialista también apunta contra la Ley de Financiamiento Universitario, la cual había sido aprobada por el Congreso para mitigar el impacto de la inflación en las casas de altos estudios. La eliminación de esta ley anula el mecanismo de actualización automática de los salarios docentes, no docentes y los gastos de funcionamiento, devolviendo al Poder Ejecutivo la potestad discrecional sobre el envío de fondos a las universidades nacionales. Para la comunidad educativa, este retroceso legislativo es la culminación de un año de conflictos, marchas federales y paros que buscaron asegurar un piso mínimo de operatividad para la educación pública.
Desde la oposición parlamentaria se denunció que el texto del presupuesto constituye una "sentencia de muerte" para la red de protección social argentina. Señalan que la eliminación de estas leyes no busca la eficiencia administrativa, sino la destrucción del marco jurídico que protege a los ciudadanos. Mientras tanto, el oficialismo defiende la medida como una necesidad imperiosa para alcanzar el déficit cero, argumentando que las leyes derogadas eran imposibles de financiar en el esquema macroeconómico actual. El debate ahora se traslada al recinto, donde se espera una sesión cargada de tensiones por el impacto que estas medidas tendrán en el territorio.
Un informe colaborativo estima en 21 billones de pesos anuales el flujo de recursos que dejarían de percibir los trabajadores para integrarse a la rentabilidad empresarial, impulsado por cambios drásticos en el cálculo de indemnizaciones, la eliminación de presunciones de empleo y la flexibilización de la jornada laboral.
A través de un extenso análisis en sus redes sociales, la expresidenta cuestionó el desfile de políticas cambiarias contradictorias del oficialismo, advirtió sobre la caída del consumo y denunció que, por primera vez en dos décadas, la inversión extranjera directa arroja saldos negativos mientras las multinacionales abandonan el país.
Los mandatarios provinciales se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones para unificar reclamos por deudas de coparticipación, parálisis de la obra pública y el desvío de fondos previsionales, advirtiendo que el modelo económico nacional pone en riesgo la viabilidad de los territorios.
El oficialismo consiguió el dictamen de mayoría para el proyecto de Presupuesto 2026, que incluye la derogación de financiamiento específico para áreas sensibles como educación superior y asistencia a personas con discapacidad, además de la eliminación de fondos clave para el emblemático Hospital Garrahan.
El proyecto de reforma laboral no solo flexibiliza el régimen de trabajo, sino que introduce una polémica modificación fiscal que elimina el Impuesto a las Ganancias para 144 corporaciones en 2026, un monto que supera el doble del presupuesto de Ciencia y Técnica.
La ministra de Seguridad fue denunciada penalmente ante el juez Ariel Lijo por presunto lavado de activos. La acusación detalla que la maniobra, por 20 millones de dólares, se habría realizado a través de su hijo y su socio mediante una conocida cadena de bares y confiterías.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el emblemático predio de Villa Martelli saldrá a licitación para su uso y explotación por un periodo de trescientos meses, argumentando que dejará de ser una "carga deficitaria" para el Estado Nacional.
La multinacional canadiense Nutrien oficializó su salida de Argentina al vender su 50% de participación en Profertil, la principal productora de fertilizantes del país. La operación, valuada en 1.200 millones de dólares, fue concretada por un acuerdo entre la petrolera estatal YPF, Adecoagro S.A. y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).
El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, se impuso en la segunda vuelta presidencial con una contundente victoria sobre la oficialista Jeannette Jara, obteniendo la mayor votación en la historia de Chile y marcando un fuerte giro conservador en el país.
La ministra de Seguridad fue denunciada penalmente ante el juez Ariel Lijo por presunto lavado de activos. La acusación detalla que la maniobra, por 20 millones de dólares, se habría realizado a través de su hijo y su socio mediante una conocida cadena de bares y confiterías.
El proyecto de reforma laboral no solo flexibiliza el régimen de trabajo, sino que introduce una polémica modificación fiscal que elimina el Impuesto a las Ganancias para 144 corporaciones en 2026, un monto que supera el doble del presupuesto de Ciencia y Técnica.
El oficialismo consiguió el dictamen de mayoría para el proyecto de Presupuesto 2026, que incluye la derogación de financiamiento específico para áreas sensibles como educación superior y asistencia a personas con discapacidad, además de la eliminación de fondos clave para el emblemático Hospital Garrahan.
La idea de cinismo solo aparece en la realidad cuando se reconoce socialmente que una persona o grupo miente descaradamente, y no tiene vergüenza de hacerlo.