La Mecha EncendidaLa desidia administrativa y la burocracia estatal han vuelto a teñir de luto las rutas del departamento San Cristóbal. El senador provincial Felipe Michlig confirmó este miércoles su decisión de iniciar una acción judicial contra la Dirección Nacional de Vialidad tras un nuevo accidente fatal ocurrido en la intersección de la Ruta Nacional 34 y la Ruta Provincial 39. El siniestro, que involucró el choque e incendio de dos camiones con un saldo de dos fallecidos, fue el detonante para que el legislador pusiera fin a la espera de una respuesta técnica que el organismo nacional adeuda desde principios de año. Según explicó Michlig, la provincia de Santa Fe ya ha cumplido con todos los pasos administrativos para la construcción de una rotonda en dicho cruce, incluyendo la adjudicación de la obra en febrero pasado y la garantía del financiamiento con arcas provinciales, pero la falta de un permiso formal por parte de Nación mantiene las máquinas paralizadas.
La situación resulta insostenible para las comunidades locales de Arrufó y zonas aledañas, que ven cómo la arteria nacional se convierte en una trampa mortal ante el incremento del flujo vehicular y la falta de infraestructura de seguridad. El proyecto de la rotonda tiene como objetivo principal obligar a la disminución de la velocidad y ordenar los egresos hacia distintos destinos, una medida que los expertos consideran clave para reducir la alta siniestralidad de este punto crítico. Al tratarse de un cruce con una vía de jurisdicción nacional, la provincia no puede intervenir sin el aval explícito de Vialidad Nacional, ente que, según el senador, ha hecho oídos sordos a reiterados reclamos formales presentados tanto por la Cámara de Senadores como por el propio gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Lisandro Enrico. Ante este escenario, Michlig fue tajante: si la solución no llega por la vía administrativa, será la Justicia Federal la que deba intimar al organismo nacional para que cese su actitud obstructiva.
El planteo judicial no solo busca la autorización inmediata de las obras, sino que pone de manifiesto una tensión creciente entre el gobierno santafesino y las autoridades nacionales por el estado de mantenimiento de las rutas federales que atraviesan el territorio provincial. El senador lamentó que, mientras la empresa contratista está lista para iniciar la repavimentación de la Ruta Provincial 39 hasta el límite con Córdoba, la burocracia centralista impida salvar vidas en suelo santafesino. La denuncia se presentará en los tribunales federales bajo el argumento de incumplimiento de deberes de funcionario público y el riesgo latente para la seguridad vial, en un intento por romper el cerco administrativo que hoy impide la ejecución de fondos propios de la provincia en una obra de emergencia. Para Michlig, la muerte de ciudadanos por causas evitables es el límite de la paciencia institucional y la movilización de los vecinos en Arrufó ratifica que el reclamo es una exigencia social impostergable.
