Tras el reclamo de comerciantes por los fuertes aumentos en las facturas de luz, el ministro de Producción, Gustavo Puccini, defendió la política tarifaria y aseguró que la EPE arrastra un déficit millonario. “Es imposible sostener un buen servicio sin orden ni inversión”, afirmó
Lo advirtieron desde la Empresa Provincial de la Energía (EPE). Si las personas no figuran en el Rase, se pagará más cara la energía y el gas.
El sistema de subsidios fue modificado en la segmentación por ingresos económicos. Hay más 400.000 usuarios residenciales en la categoría de mayores ingresos.
La suba afectará de distinta manera a los usuarios, dependiendo de si están o no inscriptos en el registro de subsidios previsto por la segmentación tarifaria.
El año pasado, la empresa registró un nuevo récord histórico de demanda de potencia, con 2.657 megavatios.
El organismo intervino ante la empresa de energía debido a la reiteración de reclamos por la falta de medición y la consecuente preestimación de los consumos
Desde la EPE esperan información de Nación para acceder a la lista de usuarios registrados en la segmentación tarifaria y realizar las facturas de septiembre. Sin embargo, afirman que casi el 90% de los usuarios residenciales no tendrá aumentos.
Con la llegada de junio entra en vigor un nuevo aumento de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), conforme a las nuevas tarifas fijadas por la Secretaría de Energía de la Nación. Las subas promedio, desde este miércoles 1, son del 7,6% para usuarios residenciales y del 11% para no residenciales, según se informó oficialmente.
En un año de expansión productiva y récords de exportación, la principal empresa del sector, Granja Tres Arroyos, despidió trabajadores y enfrenta denuncias por incumplimientos laborales. Mientras tanto, el modelo avícola sustentable se afianza como alternativa con impacto local.
El Gobierno impulsa un cambio radical en las indemnizaciones, tomando como antecedente un modelo que en la construcción ya muestra limitaciones para los empleados con mayor antigüedad.
La situación del Instituto Provincial de los Aborígenes Santafesinos (IPAS) vuelve a poner en evidencia la deuda histórica y estructural del Estado con los pueblos originarios de Santa Fe.
Con 30 muertes en 2024 y una región productiva aislada, la demora en la autopista entre Ataliva y Sunchales revela una crisis de infraestructura que pone vidas en riesgo y frena el desarrollo.
Es en el marco de la semana de protesta con acciones de visibilización y de cara a una nueva marcha de carácter federal, cuya fecha no está resuelta. Apuntan a la falta de respuestas del gobierno nacional.