Blindaje a la impunidad financiera de Caputo

La reciente firma del decreto que retira al Estado Nacional de su rol como querellante en la causa que investiga el endeudamiento extraordinario con el Fondo Monetario Internacional representa uno de los capítulos más explícitos de la solidaridad de clase en la alta política económica. Esta decisión no es un trámite administrativo menor, sino una maniobra de blindaje jurídico que busca sepultar la investigación sobre la mayor fuga de capitales de la historia reciente. Lo que estamos presenciando es un ejercicio de autoamnistía técnica: el actual esquema de gobierno, diseñado y ejecutado por los mismos nombres que gestionaron las finanzas entre 2015 y 2019, utiliza el aparato estatal para borrar las huellas de su propia gestión anterior. En términos de comunicación política, el mensaje es devastador por su transparencia, ya que el Gobierno de Caputo en 2026 acude al rescate del Gobierno de Caputo en 2018, desactivando los mecanismos de control que debían velar por el patrimonio de todos los argentinos.

Desde la óptica de los trabajadores, esta medida profundiza la brecha de desigualdad ante la ley. Mientras que a las organizaciones sindicales se las persigue y se les exige una transparencia absoluta en sus recursos, el gran capital financiero logra, mediante un decreto, que el principal afectado por la deuda —el pueblo argentino representado por el Estado— renuncie a investigar si hubo administración fraudulenta o malversación de fondos públicos. Esta claudicación en la búsqueda de justicia fiscal no es una omisión, sino una estrategia activa para consolidar un modelo de país donde la toma de deuda externa sea un negocio de privados con garantía pública, sin consecuencias penales para sus artífices. Al retirar la querella, el Ejecutivo nacional le quita el cuerpo a la demanda y deja el camino libre para que la causa naufrague en los pasillos judiciales, garantizando que el costo de aquel acuerdo financiero siga recayendo exclusivamente sobre el lomo de la clase trabajadora a través del ajuste y la inflación.

La gravedad de este movimiento reside en que desarticula la posibilidad de sentar un precedente contra la irresponsabilidad financiera. El relato oficial intentará disfrazar esta capitulación bajo la bandera de la pacificación económica o el orden institucional, pero desde el campo laboral la lectura es otra: es la confirmación de que el Estado ha sido cooptado por una estructura de intereses que prioriza la impunidad de sus integrantes por sobre el bienestar general. La comunicación sindical debe ser tajante al denunciar este pacto de caballeros que ocurre en las alturas mientras se le pide un sacrificio heroico a las familias que no llegan a fin de mes. Al final del día, lo que este decreto ratifica es que la deuda no fue un error de cálculo, sino una transferencia de recursos protegida por un sistema de complicidades políticas que hoy vuelve a sellar sus fisuras para evitar que la verdad salga a la luz en los tribunales