La reforma que no nombra el trabajo: cuando el cine nacional queda sin respaldo

El Espacio Audiovisual Nacional advierte que esas disposiciones, ajenas en apariencia a la legislación laboral tradicional, significan la amputación financiera del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Los actores y cineastas que grabaron el spot de alerta saben que el lenguaje técnico de los proyectos oficiales suele ser la forma más eficaz de ocultar consecuencias concretas.

El Fondo de Fomento Cinematográfico funciona hoy con recursos propios: un porcentaje sobre entradas, gravámenes a DVDs, aportes del Enacom. Es decir, dinero que circula dentro del sector y vuelve al sector en forma de producción. La reforma propuesta elimina esas fuentes y somete al INCAA al presupuesto anual, es decir, a la voluntad política de cada gobierno. La autonomía financiera se convierte en mendicancia institucional.

Los trabajadores del cine nacional conocen esta historia. Durante décadas, la industria audiovisual argentina sobrevivió a crisis económicas y políticas adversas porque contaba con un mecanismo de sostenimiento que no dependía de los vaivenes presupuestarios. Técnicos de sonido, maquilladores, utileros, directores de fotografía, actores de reparto: todos armaron una vida sobre la certeza de que el fondo de fomento sería el piso, no el techo. La reforma laboral les quita ese piso sin ofrecer reemplazo.

El gobierno de Milei llama eficiencia a esta operación. En el discurso oficial, los impuestos a las entradas de cine son distorsiones que hay eliminar. Pero la distorsión real es otra: la concentración de recursos culturales en manos de quienes pueden pagar producción privada, mientras el cine de autor y el trabajo técnico especializado se extinguen por falta de oxígeno. La eficiencia, una vez más, resulta ser el eufemismo que justifica la precarización.

La carta del EAN a los legisladores apela a la identidad nacional, pero también a una realidad material. Las políticas de fomento existen en todo el mundo porque la cultura no se sostiene sola: requiere inversión pública que el mercado no hace. Cuando un gobierno elimina esos mecanismos, no está modernizando: está abdicando de su responsabilidad mientras beneficia a las grandes plataformas de streaming que nunca pagarán por la formación de técnicos locales.
El sindicalismo del sector audiovisual tiene memoria de resistencia.

En los noventa, la apertura indiscriminada intentó barrer con la industria nacional. Ahora, la estrategia es más sofisticada: se disuelve el sustento financiero bajo argumentos de simplificación tributaria. Pero el resultado es el mismo. Los trabajadores de la cultura quedan en la calle, y el gobierno celebra la reducción de la "carga" estatal. La reforma laboral, en el fondo, es una reforma cultural sin debate público: la eliminación de un derecho que se había conquistado para que el cine argentino pudiera existir.