La Mecha EncendidaLa administración nacional, que sostiene como pilar discursivo la eliminación de la intermediación y la reducción de la dependencia estatal, enfrenta una realidad estadística que contradice su narrativa central. Según los datos oficiales de ejecución presupuestaria y seguridad social, la cantidad de planes sociales en Argentina ha escalado hasta los 6 millones de beneficiarios. Esta cifra representa un incremento del 50% en comparación con la gestión de Alberto Fernández, que finalizó con un universo de asistencia significativamente menor, evidenciando que el ajuste económico ha forzado una expansión inédita de la red de contención pública.
El crecimiento de la masa de beneficiarios se produce en un marco de fuerte deterioro de los indicadores sociales y productivos. Con una industria santafesina cayendo un 5,4% interanual y una parálisis total de la obra pública —que ha dejado a Vialidad Nacional con una subejecución del 72%—, el mercado laboral formal ha dejado de absorber mano de obra, derivando en un trasvasamiento hacia los programas de transferencia directa. El aumento de los planes sociales funciona como un amortiguador ante el desplome del poder adquisitivo y la desaparición de puestos de trabajo en sectores estratégicos como la construcción y la metalmecánica.
A diferencia de periodos anteriores, la gestión actual ha centralizado la asistencia, eliminando programas de empleo asociativo y volcando los recursos hacia asignaciones monetarias directas. Sin embargo, este cambio en la modalidad no ha logrado contener la expansión del gasto en asistencia social, el cual se ha vuelto indispensable para evitar un desborde en los centros urbanos más afectados por la recesión. Mientras el Poder Ejecutivo nacional mantiene su política de "déficit cero" mediante el recorte en jubilaciones y mantenimiento de rutas, el número de personas que dependen de un giro estatal para cubrir sus necesidades básicas continúa en ascenso.
Esta expansión de la cobertura social en un contexto de desinversión productiva marca una paradoja en el programa económico libertario. Mientras se recortan partidas para el desarrollo de infraestructura y se aumentan los peajes sobre rutas abandonadas, el Estado destina una proporción creciente de sus recursos a sostener un esquema de asistencia que no logra revertir la caída de la actividad. El balance de 2025 y el inicio de 2026 muestran que, lejos de la "salida del asistencialismo", la actual administración ha consolidado una estructura de subsidios a la pobreza que supera los registros de todas las gestiones anteriores.
