La Mecha EncendidaLa Justicia Federal hizo lugar a un amparo colectivo y ordenó al Gobierno que aplique la ley de Emergencia en Discapacidad. La norma había quedado suspendida por un decreto del Poder Ejecutivo hasta que el Congreso especificara de dónde saldrían los fondos.
El Juzgado Federal de Campana ordenó al Gobierno cumplir sin demoras la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso y suspendida luego por decreto.
El fallo no sólo restituye derechos vulnerados sino que además expone el intento del Ejecutivo de desoír la voluntad popular y desconocer la legitimidad parlamentaria, incluso cuando se trata de uno de los sectores más castigados del país.
El juez hizo lugar a un amparo colectivo presentado por familias, organizaciones y profesionales del sector, y declara inválido el artículo 2° del Decreto 681/2025, con el que el Gobierno había frenado la aplicación de la ley sancionada en julio. La sentencia sostiene que “nada impide al Estado cumplir con la ley y financiarla como ya hizo en otros casos”, desestimando los riesgos fiscales que argumentó la Casa Rosada.
La Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada con mayoría especial y vigente hasta 2027, ordena actualizar aranceles, garantizar continuidad de tratamientos y reforzar la protección de derechos básicos. La suspensión (por decreto) del Gobierno de Javier Milei no hizo más que agravar un sistema ya colapsado.
Crisis y abandono estatal: el impacto para miles de familias
Las organizaciones CAIDIS, FAICA, AIEPESA y ATAECaDis acompañaron la presentación judicial, alertando sobre una crisis estructural profundizada por la decisión del Gobierno de frenar una ley votada por insistencia parlamentaria.
El juez coincidió. En este sentido consideró que suspenderla violaba la supremacía constitucional y principios fundamentales de los tratados internacionales de derechos humanos.
El fallo, además, obliga a notificar a todas las partes y a publicar la sentencia en el Registro de Procesos Colectivos.
Presupuesto 2026: más señales de desoír al Congreso
La disputa política se amplifica porque el Proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el Ejecutivo no incorpora las partidas necesarias para implementar la ley ni contempla los incrementos aprobados por el Congreso.
Otra muestra de un Gobierno que insiste en desconocer decisiones legislativas y priorizar el ajuste fiscal por encima de derechos esenciales.
