La Mecha EncendidaEl frente judicial y político que forzó la renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete sumó un capítulo de extrema gravedad institucional tras una denuncia formal del gremio de los estatales. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) aseguraron que, de acuerdo con los relevamientos internos y el control de presentismo en las diversas dependencias públicas, solo el 35% de los familiares, allegados y amigos nombrados bajo la órbita del exvocero asiste regularmente a cumplir tareas en su puesto de trabajo.
El porcentaje restante configuraría una estructura de contrataciones irregulares y ausentismo sistemático que colisiona de frente con la retórica de austeridad y combate a los privilegios corporativos que el propio exfuncionario pregonaba diariamente desde el atril de la Casa Rosada.
Los datos aportados por la conducción sindical complican de manera severa la estrategia de control de daños que intenta desplegar el nuevo portavoz del Gobierno, Adrián Ravier, abocado a blindar la gestión nacional detrás de variables macroeconómicas. La acusación de ATE no solo expone un fenomenal entramado de presuntos "ñoquis" incrustados en la estructura del Estado, sino que aporta elementos probatorios clave para los expedientes penales que tramitan en los tribunales de Comodoro Py. Los investigadores judiciales posan ahora la mirada sobre el desvío de fondos públicos destinados a financiar salarios de un entorno societario y afectivo que, en términos reales, jamás prestó servicios para la administración pública.
El malestar en los pasillos gubernamentales se profundizó al constatarse que varias de las designaciones bajo sospecha percibían remuneraciones jerárquicas equivalentes a subsecretarías y direcciones nacionales, con montos que superaban ampliamente la media del escalafón civil. La revelación gremial desarma el argumento oficial que intentaba encuadrar las bajas de personal como una simple reestructuración de equipos o una "decisión personal" del exjefe de Gabinete para defenderse en el llano.
Lejos de aplacarse, el escándalo por los nombramientos cruzados de hermanos, asesores financieros y socios comerciales vuelve a horadar la línea de flotación del relato oficialista en un momento de fuerte conflictividad laboral en el sector público.
La respuesta de los delegados sindicales ante este escenario contempla la presentación formal de las planillas de asistencia y los organigramas modificados ante el despacho del fiscal Gerardo Pollicita, quien lidera las pesquisas sobre el crecimiento patrimonial de Adorni. Desde la perspectiva del sindicato, la existencia de este enorme porcentaje de contratados fantasmas constituye un insulto a los miles de empleados públicos cesanteados bajo el pretexto del achicamiento estatal. De este modo, la investigación por enriquecimiento ilícito y malversación de caudales públicos adquiere una escala superior, transformando las denuncias de corrupción en un polvorín político que la Casa Rosada ya no puede neutralizar con evasivas oratorias.
