La Mecha EncendidaEl nuevo Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM) de la ciudad de Santa Fe sumó un fuerte cuestionamiento en el ámbito legislativo tras la presentación de un proyecto de comunicación en la Cámara de Diputados provincial. La iniciativa, impulsada por la presidenta del bloque Hacemos Santa Fe, Celia Arena, solicita la intervención urgente y de oficio de la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor ante el municipio santafesino y la empresa concesionaria Electromecánica Tacuar S.R.L.
El planteo surge en respuesta a las crecientes quejas de los usuarios por fallas operativas y la falta de alternativas analógicas en el esquema actual.
La legisladora argumentó que la modalidad implementada, que reemplazó de forma definitiva los antiguos tótems y parquímetros físicos por una plataforma estrictamente digital basada en aplicaciones móviles y códigos QR, incurre en "prácticas abusivas" y fomenta la "exclusión digital". Según sostiene el proyecto, la total dependencia de teléfonos inteligentes, conectividad de datos y billeteras virtuales privadas genera severas asimetrías que perjudican de manera directa a los adultos mayores o a quienes no están familiarizados con estas tecnologías. Para Arena, el nuevo esquema traslada indebidamente a los ciudadanos la responsabilidad de sortear los problemas de conectividad o las deficiencias de señalización urbana para evitar ser sancionados.
El reclamo legislativo se hace eco del malestar de vecinos de diferentes sectores y de agrupaciones comerciales que advierten sobre las complejidades del sistema diario. El proyecto subraya que la relación entre los usuarios del estacionamiento medido y el prestador configura una relación de consumo amparada por las leyes vigentes, por lo que el Estado municipal debe velar por condiciones de equidad, transparencia y un trato digno. En tal sentido, la presentación busca que el organismo provincial evalúe la razonabilidad de las exigencias del SEOM y determine si la imposición de una vía exclusivamente digital vulnera los derechos básicos de accesibilidad de los conductores en la capital provincial.
