La Mecha EncendidaEl Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (ONU) ha presentado un informe demoledor sobre la situación de los derechos humanos en Argentina, poniendo en el centro de las críticas las políticas y acciones del gobierno de Javier Milei. El documento subraya una preocupante escalada en los indicadores de violencia institucional y cuestiona directamente la aplicación de protocolos que, según el Comité, derivan en violaciones a los derechos fundamentales, contraviniendo las obligaciones internacionales asumidas por el Estado.
El punto más álgido del informe de la ONU se centra en la represión de la protesta social. El documento alerta sobre el uso excesivo e indiscriminado de la fuerza en el contexto de marchas y manifestaciones públicas, particularmente desde la implementación de los protocolos de seguridad que limitan el derecho a la protesta. Las críticas apuntan a la actuación de las fuerzas federales, que habrían incurrido en una desproporción en el despliegue de la violencia, violando los principios de necesidad y gradualidad que deben regir el accionar policial. Esta situación genera un clima de intimidación que restringe la libre expresión y el ejercicio de los derechos de reunión.
Otro foco de preocupación señalado por el Comité es el incremento de los abusos policiales y el manejo de las personas privadas de libertad. El informe documenta un aumento en las denuncias de tortura y malos tratos a detenidos en comisarías y otros centros de detención. Se cuestiona la falta de mecanismos eficaces de control externo sobre las fuerzas de seguridad y la ausencia de investigaciones rápidas y exhaustivas ante las denuncias de violencia. El organismo internacional enfatiza la necesidad de garantizar las condiciones dignas de detención y asegurar que todos los casos de tortura sean efectivamente investigados, juzgados y sancionados, sin dejar lugar a la impunidad.
El Comité de la ONU instó al gobierno de Milei a revisar y adecuar sus políticas de seguridad y sus protocolos de intervención en manifestaciones, para garantizar que se respete la legislación internacional en materia de derechos humanos y la Constitución Nacional. Las recomendaciones del organismo buscan asegurar que el Estado argentino cumpla con su deber de prevenir, investigar y sancionar todo acto de tortura y trato cruel, inhumano o degradante, restaurando así la confianza en las instituciones de seguridad y justicia.
