La Mecha EncendidaLa derogación de la Ley de Alquileres ha generado un fuerte sismo en el mercado inmobiliario, con la consecuencia directa de una escalada sin precedentes en los precios y un aumento en la conflictividad social. Según datos difundidos por Inquilinos Agrupados, desde que entró en vigencia el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que anuló la ley, los valores de los alquileres en Argentina se han disparado en un promedio del 550%. Este incremento brutal está impulsado por la libertad contractual total y la indexación sin límites que ahora rigen en el sector.
El fuerte aumento en los precios de los contratos nuevos se explica por la ausencia de un tope de ajuste anual y por la facultad de los propietarios para exigir indexaciones atadas a la inflación, el tipo de cambio u otros índices, a menudo con periodicidad trimestral o incluso mensual. Esto ha generado una pérdida crítica de accesibilidad a la vivienda para la clase media y baja, obligando a los inquilinos a destinar una porción cada vez mayor de sus ingresos al pago del arriendo.
La otra cara de esta crisis es el impacto social y la inestabilidad habitacional. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la situación de vulnerabilidad se refleja en el aumento de las notificaciones de desalojo. Inquilinos Agrupados denuncia que se están registrando un promedio de cinco desalojos por día, una cifra alarmante que subraya el aumento en la conflictividad entre propietarios e inquilinos que no pueden afrontar las nuevas condiciones contractuales o los ajustes acelerados. La falta de regulación en los plazos y las condiciones de renovación ha dejado a muchos inquilinos en una situación de indefensión al finalizar sus contratos previos.
El DNU eliminó las disposiciones clave de la ley anterior, como los contratos de tres años y el mecanismo de ajuste anual basado en el Índice de Contratos de Locación (ICL). Si bien la derogación buscaba reactivar el mercado y aumentar la oferta de propiedades, la realidad muestra que el efecto inmediato ha sido una profunda desregulación que ha favorecido desproporcionadamente a la parte propietaria, generando una crisis habitacional sin precedentes para el sector de la población que depende del alquiler para vivir.
