
Argentina Da Luz Verde a la Privatización Parcial de Nucleoeléctrica Argentina
La Mecha EncendidaEl Presidente de la Nación Argentina ha firmado un decreto que autoriza el procedimiento de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, según lo estipulado en el artículo 4° del Anexo I del Decreto N° 695/24. La iniciativa, que se llevará a cabo mediante la venta de acciones conforme al artículo 17, inciso 2) de la Ley N° 23.696 y sus modificatorias, incluye también el otorgamiento de preferencia a un Programa de Propiedad Participada, alineado con los artículos 16, inciso 2) y 21 de la misma ley y sus modificaciones, así como con el inciso (i) del artículo 8° de la Ley N° 27.742.

Esta medida representa un hito en la reestructuración de la empresa estatal, permitiendo la entrada de inversionistas privados en un sector clave de la economía nacional.
Sin embargo, la decisión ha generado preocupaciones significativas entre expertos y sectores de la sociedad civil, quienes advierten sobre los riesgos de privatizar recursos estratégicos como la energía nuclear. Nucleoeléctrica Argentina desempeña un papel esencial en la generación de energía limpia y en la seguridad energética del país, y ceder parte de su control a manos privadas podría comprometer la soberanía nacional a largo plazo. Una de las principales inquietudes es la dificultad de revertir este proceso una vez implementado, ya que la reestatización de activos estratégicos podría implicar costos económicos y políticos exorbitantes, además de enfrentar resistencias legales y logísticas.
Analistas señalan que, si bien la privatización busca atraer inversión y mejorar la eficiencia, la pérdida de control estatal sobre un recurso tan vital podría dejar a Argentina vulnerable ante intereses extranjeros o fluctuaciones del mercado global. La comunidad científica y ambiental también ha expresado dudas sobre cómo se garantizará la seguridad y el manejo sostenible de las instalaciones nucleares bajo gestión privada. Mientras el gobierno avanza con esta reforma, el debate sobre el equilibrio entre apertura económica y protección de los intereses nacionales se intensifica, dejando en el aire la pregunta de si este paso será reversible en el futuro.


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