El gobierno argentino autoriza la venta de acciones de Nucleoeléctrica Argentina, abriendo la puerta a la participación privada en un sector estratégico, aunque surge la alarma por las dificultades de revertir esta medida en el futuro.
Nacionales01/10/2025
La Mecha EncendidaEl Presidente de la Nación Argentina ha firmado un decreto que autoriza el procedimiento de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, según lo estipulado en el artículo 4° del Anexo I del Decreto N° 695/24. La iniciativa, que se llevará a cabo mediante la venta de acciones conforme al artículo 17, inciso 2) de la Ley N° 23.696 y sus modificatorias, incluye también el otorgamiento de preferencia a un Programa de Propiedad Participada, alineado con los artículos 16, inciso 2) y 21 de la misma ley y sus modificaciones, así como con el inciso (i) del artículo 8° de la Ley N° 27.742.
Esta medida representa un hito en la reestructuración de la empresa estatal, permitiendo la entrada de inversionistas privados en un sector clave de la economía nacional.
Sin embargo, la decisión ha generado preocupaciones significativas entre expertos y sectores de la sociedad civil, quienes advierten sobre los riesgos de privatizar recursos estratégicos como la energía nuclear. Nucleoeléctrica Argentina desempeña un papel esencial en la generación de energía limpia y en la seguridad energética del país, y ceder parte de su control a manos privadas podría comprometer la soberanía nacional a largo plazo. Una de las principales inquietudes es la dificultad de revertir este proceso una vez implementado, ya que la reestatización de activos estratégicos podría implicar costos económicos y políticos exorbitantes, además de enfrentar resistencias legales y logísticas.
Analistas señalan que, si bien la privatización busca atraer inversión y mejorar la eficiencia, la pérdida de control estatal sobre un recurso tan vital podría dejar a Argentina vulnerable ante intereses extranjeros o fluctuaciones del mercado global. La comunidad científica y ambiental también ha expresado dudas sobre cómo se garantizará la seguridad y el manejo sostenible de las instalaciones nucleares bajo gestión privada. Mientras el gobierno avanza con esta reforma, el debate sobre el equilibrio entre apertura económica y protección de los intereses nacionales se intensifica, dejando en el aire la pregunta de si este paso será reversible en el futuro.
Una decisión judicial sin precedentes ordena a Vialidad Nacional (VN) a iniciar de inmediato las obras de reparación en los tramos críticos de la Ruta Nacional 40, respondiendo a una presentación formal del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien denunció el grave deterioro de la calzada que pone en riesgo la vida de los conductores.
La propuesta de Reforma Tributaria impulsada por el Gobierno de Luis Caputo planea desmantelar el Régimen Simplificado, forzando a casi 3 millones de trabajadores independientes a migrar al Régimen General.
Mediante un decreto, el Poder Ejecutivo restringe las revisiones obligatorias del Senasa y la Anmat sobre los productos que ingresan al país, priorizando la "celeridad" en las importaciones. La medida reduce las inspecciones antes de que la mercadería llegue a la venta, generando preocupación en torno a la seguridad alimentaria.
El fallo judicial en la provincia de Buenos Aires ordenó la liquidación total de la tradicional firma láctea Lácteos Conosur S.A., controlante de La Suipachense. La medida deja a más de 140 familias sin fuente de trabajo, agravando una situación social que se suma a la reciente quiebra de la también controlada ARSA.
Según el INDEC, el costo de la Canasta Básica Total (CBT) se aceleró en octubre, superando a la inflación general del mes. La canasta alimentaria, que marca el umbral de la indigencia, también registró un fuerte aumento, impactando directamente en la capacidad de compra de los hogares.
La iniciativa busca proteger a la industria textil y a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) argentinas de la "competencia desleal" de plataformas extranjeras, acusadas de destruir la producción nacional y el empleo local al eludir el comercio convencional.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) le quitó un inmueble histórico que había sido otorgado a la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo en 2023. La medida, que forma parte de la política de optimización del patrimonio estatal, se basa en que la propiedad se encontraba desocupada desde hace aproximadamente una década.
El gigante fundado por Marcos Galperin se beneficia de un fuerte aumento en los subsidios fiscales del Estado argentino, superando los USD 350 millones acumulados en los últimos cinco años. La situación genera ruido justo cuando el Gobierno discute una reforma profunda en el sistema tributario nacional.
La iniciativa busca proteger a la industria textil y a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) argentinas de la "competencia desleal" de plataformas extranjeras, acusadas de destruir la producción nacional y el empleo local al eludir el comercio convencional.
Según el INDEC, el costo de la Canasta Básica Total (CBT) se aceleró en octubre, superando a la inflación general del mes. La canasta alimentaria, que marca el umbral de la indigencia, también registró un fuerte aumento, impactando directamente en la capacidad de compra de los hogares.
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Mediante un decreto, el Poder Ejecutivo restringe las revisiones obligatorias del Senasa y la Anmat sobre los productos que ingresan al país, priorizando la "celeridad" en las importaciones. La medida reduce las inspecciones antes de que la mercadería llegue a la venta, generando preocupación en torno a la seguridad alimentaria.
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