La Mecha EncendidaLa zona noroeste de la Isla Sirgadero, un sector estratégico del sistema hídrico santafesino ubicado en el distrito de Alto Verde, se ha convertido en el epicentro de un operativo estatal de gran magnitud para restaurar el equilibrio ambiental quebrado por décadas de irregularidades. Este martes, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de la Secretaría de Recursos Hídricos, activó un plan de intervención técnico y jurídico destinado a demoler obras clandestinas y definir los límites entre el dominio público y el privado. Con el apoyo de maquinaria pesada y custodia policial, las tareas se centraron en la remoción de un terraplén de tres metros de altura ejecutado sin autorización, el cual obstruía el drenaje natural del agua y violaba directamente el Régimen de Aguas y la Ley de Protección del Medio Ambiente.
Esta intervención estatal responde a una situación de deterioro irreversible denunciada sistemáticamente por referentes de instituciones náuticas y sociales con décadas de historia en la ribera, como el Yacht Club Santa Fe, la Agrupación Tribu Guácharos y el Club Náutico Los Tobas. Los directivos de estas entidades alzaron la voz contra lo que califican como una avanzada de ocupantes y privados que, con total impunidad, han desvirtuado el ecosistema local mediante alteos desmedidos y la usurpación de espacios públicos. En el caso del Club Los Tobas, sus socios denunciaron que rellenos ilegales de hasta 300 camionadas de tierra les quitaron la salida directa al río y la vista histórica del Puente Colgante, afectando gravemente su masa societaria y su subsistencia institucional.
La tensión ha escalado al plano administrativo y judicial con una fuerte presión hacia el gobierno municipal. La Agrupación Tribu Guácharos envió recientemente una carta documento al intendente Juan Pablo Poletti y a la Secretaría de Producción exigiendo que se abstengan de otorgar permisos o habilitaciones para cualquier tipo de emprendimiento comercial en la isla. El fundamento de este reclamo radica en que los terrenos fiscales en cuestión se encuentran judicializados por usurpación y uso ilegal, y carecen de la acreditación de posesión legítima, un requisito excluyente para cualquier actividad comercial. Según los denunciantes, se ha permitido el usufructo particular de espacios públicos para obtener rentabilidad personal a costa de un daño ambiental severo.
El conflicto se ve agravado por un complejo juicio de división de condominio que involucra a 16 cotitulares y por la reciente determinación oficial de la Línea de Ribera mediante decreto provincial, una medida que busca esclarecer qué porciones del territorio pertenecen al Estado y cuáles son privadas. A pesar de los sumarios administrativos y las sanciones impuestas por el Ministerio de Infraestructura, la disputa se ha trasladado al ámbito contencioso administrativo debido a recursos presentados por actores privados. Para los clubes históricos, solo el cumplimiento estricto de la ley podrá frenar la especulación inmobiliaria que amenaza con borrar la identidad náutica de la región y garantizar que la Isla Sirgadero siga cumpliendo su función vital en el sistema de drenaje del área metropolitana de Santa Fe.
