Jóvenes y colectivos sociales toman las calles de Lima en protestas contra Dina Boluarte: varios heridos por represión policial

Miles de jóvenes, estudiantes universitarios y organizaciones sociales se movilizaron este sábado 20 de septiembre en el centro de Lima para rechazar las políticas del gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República, en una jornada marcada por enfrentamientos con la policía que dejó varios heridos. La manifestación, conocida como la "Marcha de la Generación Z", se extendió hasta las primeras horas del domingo y se replicó en ciudades como Cusco, Arequipa y Trujillo, denunciando la reforma del sistema de pensiones, la inseguridad ciudadana y la corrupción rampante.

La protesta inició a las 5:00 p.m. en la Plaza San Martín, en el Cercado de Lima, donde colectivos como "Voz Ciudadana" y "21 de Septiembre", junto a gremios de trabajadores, ecologistas y animalistas, exigieron transparencia en las decisiones gubernamentales y la derogación de la Ley 32123, aprobada recientemente por el Congreso y promulgada por Boluarte. Esta norma, que permite el retiro parcial de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), ha sido criticada por favorecer a las entidades privadas y dejar a millones de peruanos sin garantías para su jubilación.

Según reportes de testigos y medios locales, la marcha transcurrió pacíficamente por las principales avenidas de la capital hasta que, cerca de las 10:00 p.m., se produjeron choques con agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP). La disolución de la concentración involucró el uso de gases lacrimógenos y perdigones, resultando en al menos cinco heridos leves por impactos de proyectiles y golpes, incluyendo un joven estudiante que recibió atención médica en el lugar. Imágenes difundidas en redes sociales muestran manifestantes ondeando banderas peruanas y carteles con mensajes como "No más AFP" y "Boluarte fuera", mientras la policía formaba cordones para contener el avance.

Un malestar acumulado que se extiende
Esta movilización representa la segunda gran protesta de septiembre, tras las del 13 y 14 de este mes, y refleja el creciente descontento con un gobierno que asumió el poder en diciembre de 2022 sin legitimidad electoral plena, tras la destitución de Pedro Castillo. Encuestas recientes del Instituto Nacional de Estudios Peruanos indican que el 80% de la población rechaza a Boluarte, con un 91% de desaprobación hacia el Congreso, controlado por intereses fujimoristas y otros bloques conservadores.

Fuera de Lima, las manifestaciones fueron masivas pero menos confrontacionales. En Huancayo, un colectivo ciudadano rechazó la presencia del precandidato presidencial César Acuña, vinculándolo al establishment político criticado en las calles. En regiones andinas y sureñas, indígenas y campesinos se unieron al llamado, exigiendo además protección ambiental frente a leyes mineras que amenazan territorios ancestrales.

Respuesta oficial y llamados a la calma
El gobierno de Boluarte no emitió un pronunciamiento oficial inmediato sobre los incidentes, pero fuentes del Ministerio del Interior invocaron el "uso legítimo de la fuerza" para justificar la intervención policial, recordando protocolos similares en protestas pasadas que dejaron decenas de muertos en 2023. Organizaciones de derechos humanos, como la Defensoría del Pueblo, ya han iniciado investigaciones preliminares sobre el uso excesivo de la fuerza, mientras familiares de víctimas de represión anterior enviaron una carta al Vaticano criticando la "diplomacia negacionista" de la presidenta.

Líderes de los colectivos, como Luny de "Voz Ciudadana", enfatizaron que la marcha no responde solo a la reforma de pensiones, sino a un "malestar acumulado" por el alza del costo de vida y la persistente inseguridad. "La Generación Z no pide migajas; exige dignidad y un futuro sin corrupción", declaró en una entrevista.

Con el país aún marcado por las cicatrices de protestas anteriores que cobraron 68 vidas, estas manifestaciones de fin de semana podrían escalar si no hay respuestas concretas. Mientras tanto, la sociedad civil llama a una Asamblea Constituyente y elecciones anticipadas, en un reclamo que resuena desde el sur andino hasta el corazón de Lima.