La Mecha EncendidaMiembros de la Comunidad Indígena Pukará denuncian que el martes pasado por la noche un grupo de la Infantería de la Policía de Jujuy arribó a la ciudad de Tilcara con el objetivo de ejecutar un desalojo en territorio ancestral que ocupan históricamente. Lograron frenarlo, pero se declaran en estado de alerta ante un inminente ataque.
Aseguran que el abogado Gustavo Fiad, quien los quiere sacar de sus tierras, «es íntimo amigo del exgobernador Gerardo Morales y del actual Carlos Sadir». Denuncian que están llevando adelante «una trama ilegal con fines inmobiliarios».
Un procedimiento ilegal
Los uniformados intentaron llevar adelante el desalojo a pesar de que existe personería jurídica provincial (Resolución SPI-0042/2016) y reconocimiento nacional mediante Carpeta Técnica RETECI. «Es totalmente ilegal lo que pretenden hacer para llevar adelante un proyecto inmobiliario», remarcó Olmos Desiderio, vicepresidente de la Comunidad Pukará.
Cabe destacar que también existen Tratados Internacionales que garantizan la preexistencia y los derechos territoriales de los pueblos originarios, los que están consagrados en el artículo 75, inciso 17 y 22 de la Constitución Nacional.
Sin embargo, la comunidad denuncia que este accionar desconoce acuerdos, normas y derechos. «Además, sabemos que se trata de una maniobra impulsada por intereses privados y complicidades judiciales, que amenaza directamente a familias enteras, niños y adultos mayores dejándolos sin hogar ni resguardo», denunció Desiderio.
Hace un tiempo atrás, en 2016, funcionarios del gobierno nacional se hicieron presentes en el territorio de la Comunidad Pukará y pidieron el árbol genealógico de los pobladores. Así pudieron comprobar que son los dueños legítimos de la tierra en disputa. La jueza Mariza Rondón -durante los últimos días- volvió a dictar la orden de desalojo como lo hizo en aquel momento.
“El abogado Gustavo Fiad es quien nos quiere desalojar, un íntimo amigo del exgobernador Gerardo Morales y del actual gobernador Carlos Sadir. Hay gente de mucho poder, es por eso que el municipio hace la vista gorda y el oído sordo a nuestro reclamo. Ahora el caso está en manos del juez Calderón y estamos a la espera de su sentencia”, apuntó el referente.
Comunicado de los Pukará
Piden a la sociedad, a los organismos de Derechos Humanos, a las autoridades provinciales y nacionales “que se pronuncien de forma urgente ante este atropello que es ilegal por donde se mire”. Explican que no quieren violencia, “queremos diálogo y respeto por nuestra historia y nuestro territorio”, expresaron en un comunicado.
Y completaron. “Solicitamos a los medios de comunicación locales, provinciales y nacionales que por favor difundan esta situación con carácter urgente para garantizar la seguridad e integridad física de las personas que habitamos el lugar”.
“Hoy hemos ganado un respiro poniendo un freno al desalojo, gracias al compromiso y la unión de todos los que nos rodean, se pudo hacer una pausa sobre nuestro territorio. Esta decisión no significa que la lucha haya terminado, sino que, en este momento, no estaban dadas las garantías necesarias para que se lleve a cabo”, detallaron.
